En una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), representantes de organismos nacionales, empresas y provincias debatieron este miércoles la solicitud de acceso a la infraestructura eléctrica para el desarrollo del proyecto minero Josemaría presentado por la empresa Vicuña, para abastecer dicho complejo minero.
El secretario de Energía, Alfredo Pedrali, expresó los argumentos de la oposición a la solicitud de acceso a la infraestructura eléctrica para desarrollar Josemaría y mencionó que, de haber una resolución favorable para la empresa irán por las vías «administrativas y judiciales», correspondientes.
La provincia cuestiona el pedido de acceso a la capacidad de transporte y la expansión del sistema que busca desarrollar la conexión eléctrica que demanda el proyecto.
La obra proyectada incluye la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Chaparro y una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV que recorrería 167 kilómetros desde la ET Rodeo.
La postura de La Rioja
El secretario de Energía de La Rioja, Alfredo Pedrali, expuso los argumentos de la oposición provincial y advirtió que, de haber una resolución favorable para Vicuña, irán por las vías «administrativas y judiciales» correspondientes. La provincia cuestiona tanto el acceso a la capacidad de transporte existente como la expansión del sistema. La obra proyectada incluye la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Chaparro y una línea de Extra Alta Tensión de 500 kV de 167 kilómetros desde la ET Rodeo.
Pedrali recordó que esta infraestructura integra la denominada «Línea Minera», un corredor diseñado por el Estado Nacional para integrar las provincias cordilleranas, y que fue financiada en gran parte mediante el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), nutrido con aportes de todas las provincias. La mayor preocupación técnica apunta a la ET Rodeo: utilizarla para vincularla con la futura ET Chaparro implicaría bloquear la interconexión de 500 kV que La Rioja espera para unir los sistemas eléctricos del NOA con los de Cuyo y Comahue, situación que Pedrali calificó de «desigualdad manifiesta».
La provincia también rechaza el plazo de 25 años de prioridad y exige que el ENRE ordene reservar una «calle en la playa de 500 kV» en la futura ET Chaparro para la conexión con La Rioja Sur, pasando por Villa Unión y Alto Jagüé.
Finalmente, el secretario Pedrali dejó sentado que, en caso de que el ENRGE resuelva a favor de Vicuña en los próximos 30 días, la provincia acudirá a las instancias administrativas y correspondientes.
La defensa de Vicuña y las posturas del resto
Adriel Rizzato Lede, gerente de Energía de Vicuña, abrió la audiencia defendiendo la solicitud. Sostuvo que los estudios fueron aprobados por Transener, Cammesa y el ENRE, que la prioridad recae exclusivamente sobre la nueva capacidad generada por la energización en 500 kV y que todos los costos son asumidos íntegramente por la empresa.
El vicepresidente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) sanjuanino, Roberto Ferrero, condicionó su conformidad a la firma de acuerdos de mitigación previstos en la ley provincial 1181-A y exigió que la capacidad excedente quede disponible para el resto de la minería provincial. Recordó que empresas como Barrick, Gualcamayo y Casposo ya aportaron en conjunto 133,8 millones de dólares bajo esa normativa, y advirtió que permitir a Vicuña usar la infraestructura sin internalizar costos vulneraría el principio de igualdad ante la ley.
Los Azules, Hualilán, Gualcamayo y Barrick plantearon objeciones técnicas, legales y regulatorias, cuestionando la falta de auditoría sobre los cálculos de capacidad y la posible violación del principio de «acceso abierto». Minas Argentinas condicionó su apoyo a una reserva de 30 MW para Gualcamayo.
La audiencia no es vinculante, pero sentará un precedente regulatorio de alcance regional. El ENRE deberá emitir su resolución en los próximos 30 días.
