Los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón interpusieron una acción de amparo ante la Justicia Federal solicitando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta el DNU 941 del Poder Ejecutivo Nacional que reformuló la estructura y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La presentación considera que la norma impulsada por la Casa Rosada vulnera los límites constitucionales que rigen para la sanción de un DNU de estas características que modifica la Ley de Inteligencia del Estado. Algunas de las facultades que generaron polémica fue la autorización a los agentes de inteligencia de la SIDE a detener personas, algo que solo está en facultar de la policial por orden de la Justicia y que la normativa actual prohíbe.
El objetivo es suspender la vigencia del DNU 941 y de esta manera evitar que los organismos de inteligencia comiencen a operar bajo el nuevo esquema mientras se sustancia el juicio de fondo.
- “No hay necesidad ni urgencia”
El diputado Ferraro publicó en sus redes sociales los motivos de la presentación judicial y confirmó «Además solicitamos una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento»,
Para el legislador de la Coalición Cívica «no hubo ni hay necesidad ni urgencia» y el DNU «no cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional».
Para Ferraro, el decreto «avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184».
«El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma», concluyó Ferraro.
El caso quedó radicado en el fuero Contencioso Administrativo Federal, con reserva de acudir a la Corte Suprema mediante el recurso extraordinario federal.
Frade y Ferrarro son miembros del bloque de la Coalición Cívica, mientras que Paulón integra Provincias Unidas.
Según consta en el escrito presentado a la justicia, el Poder Ejecutivo firmó la norma el 31 de diciembre de 2025, tan solo 24 horas después de haber finalizado el período de sesiones extraordinarias, y lo publicó en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero de 2026.
Ante esta circunstancia, los diputados sostienen que no existía impedimento para que el Congreso tratara estas reformas de manera ordinaria, dado que ambas Cámaras se encontraban en funciones hasta el día previo a la firma del decreto.
