La libertad de prensa en el continente americano atraviesa uno de sus peores momentos en décadas según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que advierte un deterioro sostenido en la región en un contexto global de creciente criminalización del periodismo.
De acuerdo con la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 -publicada el 30 de abril, en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa-, América descendió 14 puntos desde 2022, una caída comparable con regiones consideradas históricamente más peligrosas para el ejercicio periodístico, como Medio Oriente o Europa del Este.
El informe evalúa a 180 países mediante una escala de 0 a 100 y clasifica su situación en cinco categorías: “buena”, “más bien buena”, “problemática”, “difícil” o “muy grave”. En la región, 14 países presentan condiciones “difíciles” o “muy graves”. Entre los casos más extremos se encuentran Nicaragua, Cuba y Venezuela, mientras que otros como México, Colombia, Ecuador y Argentina integran el grupo de países con situación “difícil”.
Argentina, en particular, ocupa el puesto 98 y registra un fuerte retroceso en los últimos años, con una caída acumulada de 69 posiciones desde 2022, lo que refleja un deterioro significativo en las condiciones para el ejercicio del periodismo.
RSF advierte que este retroceso responde a dos tendencias principales: el aumento de la violencia -tanto por parte del crimen organizado como de actores políticos- y la consolidación de estrategias de presión más sofisticadas, que incluyen restricciones al acceso a la información, campañas de desinformación y hostigamiento hacia periodistas.
A nivel global, el panorama también es preocupante. Por primera vez en los 25 años que la organización lleva elaborando el ranking, más de la mitad de los países del mundo (52%) se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave”. El indicador más afectado es el legal, lo que evidencia una creciente criminalización del periodismo en distintos contextos políticos.
Incluso en democracias consolidadas se observa una tendencia a la confrontación con los medios como estrategia política, lo que debilita la confianza pública y profundiza la polarización.
El informe concluye que la crisis actual es multidimensional y la libertad de prensa no debe entenderse únicamente como un derecho de periodistas, sino como un derecho fundamental de la ciudadanía para acceder a información libre y plural.
