La Justicia Federal dio el primer paso institucional hacia una eventual investigación sobre las contrataciones del Poder Ejecutivo.
El fiscal federal Ramiro González solicitó formalmente este lunes al Gobierno nacional la entrega del expediente íntegro de la Licitación Pública Nº 23-0005-LPU26, una sensible compulsa de precios encargada por la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. El procedimiento tiene como finalidad auditar la transparencia en la adjudicación del cuidado de los parques y jardines de las sedes oficiales.
Con esta medida el fiscal González busca recolectar los elementos mínimos de convicción para evaluar la procedencia de una acción penal sustantiva, evitando resoluciones precipitadas. El funcionario judicial aclaró en su requerimiento que “dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
El núcleo de la controversia que motivó la intervención de los tribunales de Comodoro Py radica en las firmas que se presentaron como oferentes para adjudicarse los millonarios servicios estatales de “mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno”.
Los cuestionamientos técnicos apuntan de lleno a las empresas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA. La denuncia advierte que en dicho procedimiento ambas firmas se habrían presentado simulando ser competidoras independientes, a pesar de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), mediante el dictamen IF-2024-105621660-APN-CNDC#MEC, ya había concluido previamente que ambas integran un mismo grupo económico.
Esta circunstancia habría generado una “apariencia ficticia de competencia” en el marco de la licitación, vulnerando los principios básicos de concurrencia y transparencia que rigen las compras del Estado.
El expediente judicial tuvo su génesis en una denuncia penal radicada por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora comenzó su etapa institucional en el Congreso siendo parte fundamental del frente oficialista La Libertad Avanza, espacio del cual se encuentra formalmente distanciada en la actualidad, sumando un fuerte componente de tensión política al caso.
La presentación de Pagano se dirige contra Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y máxima autoridad de la Secretaría General, área de la que depende la administración edilicia y de servicios de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos.
Entre los argumentos del escrito de la diputada nacional se enumeran la presunta comisión de delitos graves contra la administración pública:
– Fraude en perjuicio de la administración pública.
– Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
– Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con la orden de presentación del expediente sobre la mesa del Ejecutivo, los próximos días serán determinantes para que la fiscalía evalúe si la simulación corporativa constituyó un ardid idóneo para defraudar al erario público, lo que daría inicio formal a una de las causas judiciales con mayor impacto en el entorno presidencial.
