La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este viernes avanzar con la ejecución de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados, con el fin de cubrir el monto fijado por el perjuicio económico determinado en la causa Vialidad.
La decisión, firmada por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, busca materializar el decomiso de activos tras la condena firme por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la familia Kirchner y a más de 80 inmuebles pertenecientes al resto de los implicados, entre ellos el empresario Lázaro Báez. Según el fallo, estos activos pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, organismo que se encargará de su administración y de la eventual venta para resarcir al Estado nacional por las cifras millonarias establecidas en el expediente.
Los abogados de la ex mandataria y sus hijos manifestaron su rechazo a la disposición, argumentando que varios de los bienes afectados fueron heredados de Néstor Kirchner o recibidos por cesión en 2016.
Asimismo, señalaron que parte del patrimonio fue adquirido con anterioridad al periodo investigado, por lo que consideran que la ejecución resulta improcedente en esos casos particulares.
La causa Vialidad, por la cual la actual presidenta del Partido Justicialista cumple una condena de seis años de prisión bajo la modalidad domiciliaria, determinó un esquema de irregularidades en los contratos de obra pública otorgados a favor de las empresas de Báez.
