El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Ariel Lijo, avanzó con las medidas de prueba solicitadas por los querellantes, el gobernador Ricardo Quintela y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y exigió al Gobierno nacional que informe qué destino tuvieron los fondos recaudados por el fideicomiso Sistema Vial Integrado (SISVIAL), de los cuales más de un billón de pesos habría quedado sin aplicarse a obras viales.
La causa que investiga el manejo de los fondos destinados a las rutas nacionales sumó un nuevo capítulo.
El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, compartió la decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por Ariel Lijo, que ordenó una batería de requerimientos al Gobierno nacional en el marco del expediente N° CFP 3960/2026, que acumuló además la causa N° 4025/2026 y una ampliación de denuncia presentada por el abogado Nicolás Oszust.
El planteo judicial tiene como querellantes al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quienes fueron admitidos formalmente en el expediente y ahora podrán aportar pruebas y reclamar información directamente a los organismos nacionales. A la presentación de Quintela se sumaron el fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez, el fiscal adjunto, Gustavo Roque Ibarra, y el patrocinio letrado de Jorge Yoma.
El eje de la investigación es el fideicomiso Sistema Vial Integrado (SISVIAL), financiado con el impuesto a los combustibles líquidos y destinado por ley a la construcción, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. Según la documentación incorporada a la causa, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 el fondo recaudó cerca de $1,5 billones, pero apenas $394.406 millones fueron aplicados efectivamente a infraestructura vial: una subejecución del 73,8%. El resto, más de un billón de pesos, habría permanecido colocado en plazos fijos y títulos públicos en lugar de destinarse a las obras para las que fue creado.
Para esclarecer ese circuito, el juzgado le requirió al Ministerio de Economía los expedientes que originaron las instrucciones al Banco Nación sobre ese fideicomiso desde enero de 2024, además del detalle de las colocaciones financieras realizadas. A la Dirección Nacional de Vialidad le pidió los contratos, certificados de avance y el estado de las obras paralizadas en las rutas nacionales que atraviesan La Rioja, entre ellas la N° 76 (Pircas Negras), la N° 73 y la N° 75. También alcanzó a la Jefatura de Gabinete y a los organismos de control SIGEN y AGN, a quienes se les pidió precisar si existieron auditorías sobre el manejo de esos fondos.
El reclamo riojano se apoya en un deterioro concreto: mientras en 2023 se habían mantenido 1.900 kilómetros de caminos nacionales en la provincia, el año pasado los trabajos se redujeron a apenas 260 kilómetros. Para el abogado patrocinante Jorge Yoma, el Estado nacional sigue cobrando impuestos específicos sin cumplir con la contraprestación que esos fondos deberían garantizar.
“Vamos a seguir defendiendo los recursos de La Rioja en toda instancia judicial que nos otorgue el ordenamiento jurídico, con la ley y la constitución en la mano”, destacó el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez al compartir los avances en la causa.
