El obispo Dante Braida pidió a los legisladores frenar el tratamiento exprés del proyecto que busca llevar de 16 a 14 años la edad de punibilidad. Advirtió sobre las consecuencias de encerrar a adolescentes sin atacar las causas profundas.
En medio del avance legislativo para reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, la Iglesia Católica se pronunció con firmeza en contra de la iniciativa y pidió tiempo para un debate más profundo. El mensaje fue expresado por el obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, quien alertó que “encerrar a un chico no soluciona el problema de raíz”.
La advertencia se produce en la antesala de una reunión clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará dictamen favorable para el proyecto gracias a acuerdos con sectores del PRO, la UCR, el MID y otros bloques. Si bien la propuesta inicial del Gobierno apuntaba a establecer la imputabilidad desde los 13 años, el texto consensuado fija finalmente el umbral en 14.
Para Braida, el problema de la delincuencia juvenil no puede abordarse desde una lógica puramente punitiva. “Creemos que hay que mirar las causas. ¿Por qué un chico de tan corta edad puede llegar a cometer un delito grave? La respuesta no puede limitarse a la cárcel”, planteó en una entrevista difundida este fin de semana.
El obispo sostuvo que lo que muchos jóvenes necesitan no son encierros, sino oportunidades de inclusión. “Nuestros sistemas penitenciarios están colapsados y muchas veces agravan las situaciones. No creemos que lo penal sea el camino, sino instancias de recuperación, contención y prevención”, explicó.
En ese sentido, advirtió también sobre las carencias estructurales del sistema, al señalar que ninguno de los proyectos en discusión incluye partidas específicas para construir centros adecuados para menores. “No se puede avanzar en leyes sin prever cómo se van a aplicar. No hay infraestructura, no hay personal especializado. ¿Dónde van a ir esos chicos?”, cuestionó.
Braida también apuntó a la necesidad de abrir el diálogo. “Esta no es solo la postura de la Iglesia. Muchas organizaciones sociales están planteando lo mismo. Pedimos que el Gobierno escuche más voces antes de tomar decisiones que pueden marcar la vida de tantos jóvenes”, dijo.
Finalmente, el obispo dirigió un mensaje al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Este no es un tema para resolver con urgencia y sin escuchar. Necesitamos tiempo y apertura para pensar en políticas que vayan al fondo del problema, no solo a sus consecuencias”.