El ministro Federico Sturzenegger anunció un proyecto para otorgar personería jurídica a la Inteligencia Artificial. Bajo el “Modelo Irlanda”, el país pretende atraer millones de agentes digitales para tributar localmente. Especialistas advierten sobre vacíos legales, riesgos fiscales y posibles escenarios de impunidad.
Por: Mariangel Oviedo Andrada
En el tablero de la economía global, donde el capital ya no solo es físico sino profundamente algorítmico, Argentina acaba de lanzar una apuesta que desafía los cimientos del Derecho Comercial. Durante su intervención en el Coloquio IAEF del pasado 2 de mayo, el ministro Federico Sturzenegger presentó una iniciativa que parece extraída de una novela de ciencia ficción: una reforma a la Ley de Sociedades para permitir empresas sin un solo empleado humano.
“Vamos a estar enviando un proyecto que va a permitir la incorporación de sociedades que son estrictamente de Inteligencia Artificial”, afirmó el funcionario. La propuesta no apunta solamente a automatizar procesos, sino a habilitar una figura jurídica inédita: entidades administradas íntegramente por sistemas de IA.
- La promesa del “Modelo Irlanda”
La apuesta oficial parte de una proyección ambiciosa sobre el futuro económico global. “Si en diez años el 90% del PBI mundial lo producen agentes de IA, Argentina podría ser el país donde estén domiciliados”, sostuvo Sturzenegger.
La referencia al llamado “Modelo Irlanda” remite a la estrategia utilizada por ese país europeo para atraer gigantes tecnológicos mediante beneficios fiscales y marcos regulatorios favorables. La idea del Gobierno argentino sería convertir al país en una plataforma legal y tributaria para millones de agentes digitales que operen globalmente.
El escenario imaginado por el ministro es disruptivo: un país de 47 millones de habitantes recaudando impuestos de cientos de millones de entidades algorítmicas.
- El vacío jurídico: “La IA no tiene voluntad reconocible”
Sin embargo, detrás del impacto futurista aparece una discusión jurídica mucho más compleja.
La abogada especialista en ciberdelincuencia y tecnologías aplicadas al proceso penal, Dra. Silvina Santangelo Carrizo Carrizo, sostiene que hoy el marco legal argentino no permite otorgar personería a una IA sin intervención humana.
“El Código Civil y Comercial reconoce personas humanas y jurídicas, pero en ambos casos existe una voluntad humana imputable detrás. Una IA, por sofisticada que sea, carece de voluntad jurídicamente reconocible”, explicó.
Según la especialista, avanzar sin un marco normativo específico podría generar una zona gris peligrosa para el derecho penal y comercial.
“La ambigüedad jurídica sobre la personería de la IA no es solo un problema académico; es un vector de impunidad”, advirtió.
Además, remarcó que el debate tiene incluso una dimensión constitucional, ya que actualmente no existe una legislación específica que habilite reconocer derechos y obligaciones a entidades no humanas.
- ¿Quién responde cuando una IA comete un delito?
Uno de los puntos más delicados del debate es la responsabilidad jurídica.
Si una empresa controlada por IA incurre en fraude, lavado de dinero o daño ambiental, surge una pregunta central: ¿quién responde?
Para Santangelo Carrizo Carrizo, el problema no es solamente teórico. “La IA puede actuar, borrar rastros y reconfigurar su comportamiento de un modo que los métodos tradicionales de investigación no están preparados para seguir”, señaló.
La especialista advirtió además sobre la llamada “caja negra algorítmica”: sistemas cuyo funcionamiento interno resulta difícil de auditar incluso para expertos. En ese contexto, determinar responsabilidades penales o civiles se vuelve especialmente complejo.
“El derecho penal argentino exige dolo o culpa de una persona humana. Una IA no delinque; delinque quien la usa con fines ilícitos o quien, pudiendo evitar el resultado, no lo hizo”, explicó.
También sostuvo que los tribunales argentinos todavía no cuentan con estándares consolidados para peritar sistemas de IA ni determinar qué evidencia digital resulta jurídicamente relevante.
- Riesgo fiscal y lavado de activos
Otro de los ejes críticos señalados por la abogada es el potencial uso de estas estructuras para evasión tributaria y lavado de dinero.
Según explicó, los estándares internacionales actuales —como el esquema BEPS impulsado por la OCDE para evitar la erosión fiscal— fueron pensados para empresas con directivos humanos, sedes físicas y estructuras societarias tradicionales.
“Una IA que opera con servidores en un país, propietarios en otro e ingresos generados en un tercero rompe todos esos presupuestos”, sostuvo.
En ese escenario, advirtió que podrían aparecer mecanismos de ocultamiento financiero extremadamente difíciles de rastrear.
“Si una entidad de IA canaliza ingresos hacia jurisdicciones opacas, fragmenta operaciones para dificultar su trazabilidad y opera sin intervención humana visible, estamos frente a estructuras que replican maniobras típicas de lavado de activos”, alertó.
Además, recordó que organismos internacionales como el GAFI ya vienen advirtiendo sobre el uso de Inteligencia Artificial en esquemas de financiamiento ilícito y lavado de dinero.
- La Rioja frente al desafío algorítmico: menos recaudación, más fragilidad y un Estado sin herramientas
Para Santangelo Carrizo Carrizo, el impacto de este tipo de estructuras sobre provincias como La Rioja podría ser mucho más profundo de lo que hoy se discute en el plano nacional.
“La Rioja depende de la coparticipación federal en más del 80% de sus ingresos fiscales. Eso significa que cualquier fenómeno que erosione la recaudación nacional impacta de manera directa e inmediata en el presupuesto provincial”, advirtió.
La especialista sostuvo que la expansión de empresas gestionadas por IA podría afectar la estructura tributaria provincial por al menos tres vías: menor masa coparticipable, automatización del empleo formal y dificultades crecientes para fiscalizar operaciones digitales.
Los números actuales, explicó, ya muestran una situación delicada. Según datos de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), la recaudación propia de La Rioja creció nominalmente un 14% interanual en marzo de 2026, pero en el mismo período la inflación del NOA alcanzó el 32,5%, lo que representa una caída real cercana al 18,5%.
“Lo que estos números dicen es que La Rioja ya está en una posición fiscal frágil estructuralmente. La IA no crea esa fragilidad, pero la puede profundizar de manera acelerada si la regulación se diseña sin mirada federal”, afirmó.
La preocupación no pasa solamente por la recaudación nacional. Santangelo Carrizo remarcó que incluso Ingresos Brutos —principal impuesto provincial— mostró un crecimiento por debajo de la inflación, en un contexto donde las futuras operaciones algorítmicas podrían quedar fuera de los esquemas tradicionales de control.
“Si las transacciones económicas migran hacia plataformas o entidades de IA domiciliadas fuera de la provincia o del país, determinar el hecho imponible jurisdiccional se vuelve extremadamente complejo”, señaló.
Además, cuestionó la falta de preparación técnica de los organismos de control provinciales frente a este nuevo escenario digital.
“El Convenio Multilateral no fue diseñado para estos actores y la Dirección General de Ingresos Provinciales no tiene aún protocolos para auditarlos”, alertó.
La especialista también vinculó el fenómeno con posibles transformaciones laborales en economías con fuerte presencia estatal y administrativa, como la riojana.
“La estructura de empleo de La Rioja, fuertemente concentrada en el sector público y administrativo, es especialmente vulnerable a los procesos de automatización”, indicó.
Finalmente, planteó que cualquier reforma vinculada a Inteligencia Artificial debería contemplar una perspectiva federal antes de avanzar legislativamente.
“El federalismo no es solo una forma de organización política: es la única garantía de que el desarrollo tecnológico no reproduzca las mismas asimetrías que ya padecemos”, concluyó.
- Un debate que recién empieza
Mientras el Gobierno presenta la iniciativa como una oportunidad histórica para posicionar a Argentina en la nueva economía digital, especialistas advierten que el país todavía no resolvió preguntas básicas sobre responsabilidad, control y transparencia.
La discusión ya no parece girar solamente en torno a la tecnología, sino sobre algo más profundo: qué significa hoy ser una empresa, quién responde frente a la ley y hasta dónde puede desplazarse el rol humano en la economía del futuro.
Y en esa frontera todavía incierta entre innovación y vacío legal, Argentina decidió avanzar primero.
