El gobierno de Javier Milei ha implementado una resolución que otorgará a los funcionarios de diversas áreas unidades retributivas adicionales si logran reducir el personal en sus respectivas dependencias, generando así un fuerte ahorro presupuestario. Esta decisión ha sido muy criticada, especialmente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que ha convocado a un paro y movilización en respuesta a lo que consideran un «incentivo económico para el despido de trabajadores».
La normativa establece que la distribución de estas unidades retributivas se realizará con la previa intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto. Según explicaciones oficiales, esta medida forma parte de una estrategia más amplia de racionalización del gasto público y busca fomentar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. Desde el Ejecutivo han señalado que la asignación de unidades se basará en los objetivos de cada cartera, en los cuales el ajuste del personal juega un papel central.
La ATE ha calificado la resolución como «una decisión escandalosa», indicando que premiar a los funcionarios por despedir empleados refleja un enfoque temerario frente a la gestión pública. En un contexto de creciente tensión en la administración pública, donde se prevé el vencimiento de cerca de 50.000 contratos laborales el 31 de marzo, el gremio exige la renovación automática de estos acuerdos y la reapertura de las paritarias, apuntando a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aún no ha emitido un pronunciamiento específico sobre esta normativa, pero ya ha manifestado su apoyo al paro general que la CGT ha convocado para el próximo 10 de abril.