El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la ministra de Seguridad dé explicaciones en la Cámara Baja por el brutal operativo de las fuerzas federales frente al Congreso. La jornada derivó en múltiples heridos, entre ellos una fotógrafa que sufrió una fractura de cráneo tras recibir un palazo de la policía.
El violento operativo desplegado por las fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desató una fuerte reacción política e institucional. El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un proyecto de resolución para exigir la citación urgente de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ante la Cámara de Diputados. El legislador reclamó que la funcionaria de la gestión de Javier Milei «dé la cara» y asuma la responsabilidad por los abusos cometidos por las fuerzas bajo su mando contra manifestantes que se concentraban en la vía pública.
La iniciativa parlamentaria busca investigar el accionar policial tras más de dos horas de represión sin justificación previa. En el proyecto se exige identificar a los efectivos que dispararon de forma directa contra trabajadores, manifestantes y equipos de prensa, además de aclarar por qué los camiones hidrantes continuaron persiguiendo a la multitud a más de 500 metros del Palacio Legislativo cuando la desconcentración ya se realizaba de manera pacífica. Entre los episodios más severos de la jornada se encuentra la agresión a una fotógrafa, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital Argerich tras recibir un impacto de bala de goma o palazo policial en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo.
Pese a las graves heridas constatadas en trabajadores de prensa y manifestantes, la respuesta del Ministerio de Seguridad consistió en ratificar la doctrina de mano dura y criminalizar la protesta social. A través de sus redes sociales, Monteoliva justificó el despliegue al afirmar que la violencia no es protesta sino delito, y confirmó la presentación de una denuncia penal para perseguir a los organizadores de la marcha, eludiendo responder por los excesos policiales cometidos en las calles.
