Mientras La Rioja exige a la empresa minera Vicuña la presentación de informes de impacto ambiental por el uso de su territorio, la Justicia de San Juan resolvió habilitar la continuidad del proyecto y descartó suspender sus actividades.
El fallo, dictado por un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la compañía en el marco del conflicto interprovincial por restricciones de tránsito y operación en la zona.
Según informó la empresa, la resolución impide que terceros —tanto del ámbito público como privado, con excepción de las autoridades sanjuaninas— puedan obstaculizar o interrumpir las actividades del emprendimiento, que cuenta con habilitación del Ministerio de Minería de San Juan.
La decisión establece una protección precautoria sobre la operatoria del proyecto mientras se analizan los alcances de una medida previa dictada por la Justicia de La Rioja, que había ordenado restricciones al tránsito en una ruta clave para la logística, además de la suspensión de actividades vinculadas a la iniciativa.
Frente a este escenario, la empresa continúa evaluando el impacto de ese fallo y aseguró que el proyecto se mantiene en funcionamiento dentro del marco legal vigente, priorizando la seguridad y la continuidad operativa. Asimismo, indicaron que avanzan en gestiones legales e institucionales para normalizar el acceso a las operaciones.
El conflicto forma parte de una disputa más amplia entre San Juan y La Rioja por la jurisdicción y el impacto del proyecto, que se desarrolla en territorio sanjuanino pero utiliza vías de acceso que atraviesan la provincia vecina. En ese contexto, el Gobierno sanjuanino reiteró su postura de defender la legalidad vigente y la titularidad de los recursos naturales dentro de sus límites.
