Sin los votos asegurados en el Senado y con Patricia Bullrich al margen de las negociaciones, la Casa Rosada modificó a último momento su proyecto de reforma electoral e incluyó una versión propia de Ficha Limpia para forzar un dictamen antes de fin de mes.
Acorralado por la falta de consensos propios en la Cámara Alta y con el reloj en contra para modificar las reglas de juego antes de fin de mes, el Gobierno Nacional decidió dar un giro pragmático en su proyecto de reforma electoral: habilitó excepcionalmente las listas colectoras con el objetivo de tentar a sectores aliados y sumar los votos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La maniobra, diseñada en los despachos de la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, busca destrabar el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el libertario Agustín Coto y que fue convocada de urgencia para este martes a las 15:00. Sin embargo, la jugada dejó expuestas fuertes fisuras dentro de La Libertad Avanza (LLA): la propia jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, optó por marginarse de las gestiones, mientras desde su entorno parlamentario ya cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa.
El nuevo borrador impulsado por el Ejecutivo plantea que, únicamente para los próximos comicios nacionales, una fórmula presidencial pueda llevar adheridas en la Boleta Única Papel hasta dos columnas de candidatos a legisladores nacionales: una perteneciente al partido del postulante presidencial y otra de una agrupación de distinto signo político que no acompañe a otra candidatura nacional, computándose los votos de cada fuerza por separado.
A esta ingeniería electoral el oficialismo le sumó una versión modificada de «Ficha Limpia» que ya genera cortocircuitos con sus habituales socios legislativos. Mientras los bloques de la UCR, el PRO y Provincias Unidas pretendían insistir con el texto rechazado por el Senado en 2025 —acotado a causas de corrupción—, la Casa Rosada amplió el alcance de la proscripción electoral a cualquier persona que tenga una condena confirmada en segunda instancia por «delitos dolosos» antes del 31 de diciembre del año previo a la elección (si el fallo ocurre después del 1° de enero, regirá recién para el siguiente turno electoral).
Pese al optimismo que exhibían en Balcarce 50 hasta el viernes, la incorporación de estos cambios despertó reparos entre los propios aliados del oficialismo, complicando el escenario previo a la reunión de comisión. Para obtener dictamen favorable, La Libertad Avanza necesita garantizar el quórum y reunir 10 firmas, pero hasta el momento solo tiene aseguradas ocho: seis de sus propios senadores y dos de bloques dialoguistas (el radical Eduardo Vischi y la cordobesa Alejandra Vigo, quien de todos modos exige modificaciones al texto).
Para llegar al número reglamentario en comisión, los operadores libertarios apuestan a convencer al radical mendocino Rodolfo Suárez y al correntino Carlos Espínola, alineado con el gobernador Juan Pablo Valdés. En tanto, persiste la incertidumbre sobre la postura del radical catamarqueño Flavio Fama y de la senadora de Convicción Federal Carolina Moisés, quien aguarda el resultado de la cumbre de mandatarios del Norte en Salta (encabezada por Gustavo Sáenz y Raúl Jalil) para definir su posición.
De lograr superar el filtro de la comisión, el oficialismo enfrentará el desafío mayor de alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos en el recinto. Para ello, la Casa Rosada intenta abrochar acuerdos con gobernadores provinciales y dialoguistas como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes inciden sobre los votos de Julieta Corroza, Guillermo Andrada, Alejandra Vigo y Flavia Royón, además de buscar el respaldo del misionero Hugo Passalacqua y sus senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut para intentar sacar adelante una reforma hecha a la medida de las necesidades políticas del Gobierno Nacional.













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