Un informe económico advirtió que el nuevo esquema de beneficios fiscales implicará una fuerte pérdida de recaudación mientras el Gobierno mantiene el ajuste sobre salarios, jubilaciones y obra pública.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las apuestas centrales del gobierno de Javier Milei para atraer capitales extranjeros, volvió a quedar en el centro de la polémica. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el Estado podría dejar de recaudar hasta USD 1.395 millones por año por los beneficios impositivos otorgados a grandes empresas.
El estudio sostiene que el costo fiscal del programa sería cada vez más alto a medida que crezcan las exportaciones de los proyectos aprobados bajo el régimen, principalmente vinculados a minería, petróleo, gas y energía.
Entre los principales beneficios que cuestiona el informe aparecen la baja del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de retenciones a las exportaciones y distintas exenciones aduaneras y fiscales por hasta 30 años.
Según CEPA, solo la reducción en Ganancias representaría una pérdida anual de USD 545 millones para el Estado, mientras que las exenciones a las exportaciones sumarían otros USD 107 millones por año.
Además, durante la etapa inicial de construcción de los proyectos —entre 2026 y 2028— el informe calcula un costo adicional de USD 430 millones anuales por devolución anticipada de IVA y eliminación de aranceles a importaciones.
Las críticas también apuntan a que varios de los proyectos aprobados ya estaban en marcha antes de la creación del RIGI, por lo que especialistas cuestionan que el Gobierno entregue beneficios extraordinarios a inversiones que posiblemente se hubieran realizado igual.
Actualmente ya fueron aprobados 16 proyectos por casi USD 30.000 millones y el Ejecutivo busca profundizar aún más el esquema con un “Súper RIGI”, que incluiría todavía más ventajas impositivas para grandes compañías.
Mientras el oficialismo defiende el régimen como una herramienta para atraer dólares e inversiones, sectores opositores y economistas advierten que el costo fiscal será afrontado por el Estado en medio de un fuerte ajuste sobre el gasto público y la caída del poder adquisitivo.
