El Senado sancionó la nueva ley de discapacidad a pesar de la resistencia de Nación

La iniciativa recibió 71 votos afirmativos y establece un sistema permanente de prestaciones y financiamiento para las personas con discapacidad. Mantiene las principales herramientas de protección de la legislación anterior, contempla la continuidad de las pensiones no contributivas y fija mecanismos para actualizar los aranceles de los prestadores. El Poder Ejecutivo tendrá 30 días desde su promulgación para reglamentarla.

La sanción representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones que reclaman garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El año pasado, el presidente Javier Milei había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad, que posteriormente fue ratificada por el Congreso. Durante este año, el Ejecutivo también manifestó su resistencia a sostener el esquema de beneficios y cuestionó el impacto fiscal de las medidas.

Finalmente, el oficialismo aceptó avanzar con una nueva legislación que recupera buena parte de las herramientas de protección contempladas en la normativa anterior, aunque con modificaciones en su implementación.

Entre los principales puntos, la ley garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de una jubilación mínima. También permite que sus titulares puedan acceder a un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder la prestación, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos.

Además, establece mecanismos de actualización de los aranceles que reciben los prestadores de servicios, contempla la regularización de las deudas con instituciones y profesionales del sector y garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el programa Incluir Salud.

El proyecto había obtenido previamente 237 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y llegó al Senado con un amplio consenso legislativo. Su aprobación por unanimidad marca un respaldo político a la continuidad de las prestaciones.

Tras la sanción, el Poder Ejecutivo deberá promulgar y reglamentar la norma en un plazo de 30 días. De esta manera, el Congreso estableció un nuevo marco legal para el financiamiento y funcionamiento del sistema de discapacidad, en medio de los reclamos de prestadores, familias y organizaciones.

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