El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur sufrió un freno inesperado en el Parlamento Europeo, que decidió suspender su avance y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida congela el proceso de ratificación y abre un período de incertidumbre que podría extenderse hasta dos años.
La resolución fue aprobada por un margen mínimo, 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, y dejó al descubierto la profunda división interna que genera el pacto dentro de la Eurocámara. La votación se produjo apenas cuatro días después de la firma del acuerdo, realizada en Asunción, Paraguay, en un acto simbólico que buscó reforzar la dimensión histórica del entendimiento birregional.
Los eurodiputados que impulsaron la iniciativa cuestionaron aspectos centrales del diseño jurídico del acuerdo. En particular, pusieron bajo la lupa el mecanismo de «reequilibrio», al que consideran una potencial amenaza para la autonomía regulatoria de la Unión Europea. También objetaron la base legal elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin la intervención de los parlamentos nacionales, un atajo institucional que despierta resistencias en varios Estados miembros.
Desde el TJUE advirtieron que este tipo de dictámenes suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque no descartaron una eventual aceleración de los plazos. En cualquier caso, el solo envío del texto al tribunal implica un párate político significativo en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones comerciales y presiones geopolíticas.
Antes de la votación, distintos legisladores ya anticipaban un desenlace ajustado y alertaban sobre el costo estratégico de postergar la entrada en vigor del acuerdo, en momentos en que Estados Unidos vuelve a amenazar con medidas arancelarias y la Unión Europea enfrenta un escenario de seguridad cada vez más complejo.
La Comisión Europea reaccionó con disgusto ante la decisión del Parlamento. A través de su portavoz, Olof Gill, sostuvo que las objeciones planteadas ya habían sido abordadas durante las negociaciones y defendió la solidez jurídica del texto. «Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas no están justificadas», afirmó el funcionario, en un intento por minimizar el impacto político del revés.
Con el expediente ahora en manos del Tribunal de Justicia, el acuerdo UE–Mercosur queda atrapado en una zona gris: a la espera de un fallo que determine si puede avanzar tal como fue concebido o si deberá ser reabierto y reformulado, en un proceso que amenaza con reavivar debates que Bruselas daba por cerrados.
