El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a anunciar con entusiasmo un nuevo superávit fiscal correspondiente a noviembre. Según informó a través de sus redes sociales, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.128.009 millones y un resultado financiero positivo de $599.954 millones. Para el Gobierno de Javier Milei, las cifras son presentadas como un éxito de gestión; para amplios sectores sociales y económicos, el resultado es la consecuencia directa de un ajuste sin precedentes.
De acuerdo con los datos oficiales, el superávit acumulado en los primeros once meses del año equivale al 1,7% del PBI en términos primarios y al 0,6% en términos financieros. Caputo destacó que el gasto primario se redujo un 14,2% en términos reales respecto de noviembre del año pasado, una caída que explica buena parte del «orden fiscal» que el Ejecutivo exhibe como bandera.
Sin embargo, detrás de los números celebrados por el Gobierno se esconde un recorte profundo del Estado. Aunque el ministro afirmó que las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron un 5,5% interanual y que la Asignación Universal para Protección Social aumentó un 7,4%, esos incrementos quedan muy por debajo de la inflación acumulada, consolidando una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Caputo también subrayó que el resultado financiero contrasta con noviembre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $754.956 millones. No obstante, el propio ministro admitió que la comparación interanual está distorsionada por ingresos extraordinarios registrados el año pasado, como la moratoria impositiva, el corrimiento de vencimientos de impuestos y el Impuesto de Regularización de Activos, recursos que no forman parte de una estructura fiscal sostenible.
Pese a estas advertencias implícitas, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que el «ancla fiscal» es un compromiso inalterable del Gobierno libertario y defendió el rumbo económico al señalar que el orden macroeconómico «protege a los argentinos» frente a la volatilidad política. Una afirmación que choca con la realidad cotidiana de millones de personas afectadas por la recesión, la caída del consumo, la paralización de la obra pública y el deterioro del empleo.
Mientras el Gobierno celebra el superávit como un trofeo ideológico, crecen las críticas sobre el costo social de un ajuste que sostiene las cuentas públicas a fuerza de licuar ingresos, recortar derechos y trasladar el peso de la estabilización a jubilados, trabajadores y sectores populares. El equilibrio fiscal, en este contexto, parece ser menos una solución estructural y más una postal de un país cada vez más desigual.
