El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley Nacional de Glaciares N° 26.639, una norma clave para la protección de los recursos hídricos estratégicos del país. La iniciativa fue presentada por la administración de Javier Milei como una supuesta búsqueda de equilibrio entre cuidado ambiental y desarrollo económico, aunque desde distintos sectores advierten que se trata de un nuevo avance sobre las regulaciones ambientales en favor de la actividad extractiva.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), el Ejecutivo sostuvo que la propuesta apunta a «proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano» y a «fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental». Sin embargo, el texto oficial vuelve a poner en cuestión el espíritu de una ley sancionada en 2010 tras amplios consensos sociales, científicos y políticos.
Según el Gobierno, la reforma responde a los reclamos de las provincias que integran la denominada Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre —Mendoza y San Juan—, todas jurisdicciones con fuerte presencia de actividades mineras y con gobernadores alineados con la Casa Rosada. Desde el oficialismo se presenta la iniciativa como una «reforma de federalismo ambiental», aunque críticos señalan que podría derivar en una mayor flexibilización de controles en territorios sensibles.
No es un dato menor que los mandatarios provinciales involucrados hayan mantenido recientes reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las negociaciones políticas por el Presupuesto 2026 y por las reformas laboral y tributaria que impulsa el Ejecutivo. En ese contexto, la modificación de la Ley de Glaciares aparece como parte de un paquete de concesiones a sectores estratégicos para el Gobierno.
En su argumentación, la gestión de Milei volvió a cargar contra la legislación vigente, a la que calificó como una norma con «graves falencias interpretativas» que habría generado «inseguridad jurídica» y «paralizado inversiones productivas». Para el oficialismo, el nuevo proyecto permitiría eliminar la «discrecionalidad» que, según su mirada, estuvo atravesada por «pretextos ideológicos».
Desde organizaciones ambientalistas y especialistas en la materia advierten que este tipo de reformas suelen traducirse en una menor protección de los glaciares y del ambiente periglacial, con consecuencias directas sobre el acceso al agua y la sustentabilidad a largo plazo. Una vez más, el Gobierno coloca el eje del debate en la rentabilidad económica inmediata, mientras relativiza el impacto ambiental y social de actividades extractivas en zonas de alto valor ecológico.
Con el tratamiento previsto para las sesiones extraordinarias, la iniciativa anticipa un nuevo foco de conflicto entre el Ejecutivo, sectores ambientales y amplios segmentos de la sociedad que defienden la vigencia de una ley considerada fundamental para la preservación de los recursos naturales del país.
