El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el Gobierno «va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio».
Entre ellas se dispondrá que las universidades nacionales «puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes», el objetivo de esta modificación es que las casas de estudio puedan obtener otra «fuente de financiamiento» a través de este cobro.
Sobre la atención médica para extranjeros aclaró que «los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país».
«Poner la salud en servicio de un extranjero que viene en estos tours médicos a quitarles recursos a los argentinos, con todas las necesidades que tienen los argentinos que por ahí no tienen acceso a una prepaga y que necesitan atenderse en un hospital publico, la verdad que es bastante poco justo», sentenció el vocero presidencial.
Además, la gestión libertaria también realizará modificaciones en el ingreso o expulsión de inmigrantes no residentes del país. «Vamos a incorporar mas delitos como causa para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si se lo detiene por violentar el sistema democrático o atacando las instituciones, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país», afirmó Adorni, aunque todavía no detallaron cuales serán esos nuevos crímenes que permitirán la deportación.
En este sentido, el funcionario también explicó que «se quedaran del otro lado de la frontera a quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que su motivo de ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando hacen el tramite migratorio». «La doctrina garantista en cuestiones migratorias a hecho desastres», concluyó Adorni.