Por Lic. Fleytas Miguel
La tensión entre el discurso oficial y la realidad económica comienza a volverse insostenible. Mientras el presidente Javier Milei sostiene el rumbo de su programa económico con la promesa de ordenar las cuentas públicas, en las provincias el impacto ya se traduce en caída de la actividad, pérdida de empleo y un deterioro acelerado del poder adquisitivo.
Las señales de alerta no provienen únicamente de la oposición política, sino también de dirigentes territoriales que advierten sobre un escenario cada vez más complejo. En ese sentido, el ex vicegobernador de La Rioja, Néstor Bosetti, fue contundente al definir la situación: “no es ajuste, es asfixia”. Una frase que sintetiza el clima social que comienza a expandirse en distintos puntos del país.
UNA ECONOMÍA QUE SE FRENA
Los datos que emergen desde el interior reflejan un patrón común: la economía real se encuentra en retroceso. Comercios con ventas en caída, obras públicas paralizadas y sectores productivos sin dinamismo configuran un escenario de estancamiento que golpea de lleno a las economías regionales.
En paralelo, los salarios continúan perdiendo frente a la inflación, lo que profundiza la pérdida de consumo y genera un círculo vicioso difícil de revertir. La desaceleración de algunos índices inflacionarios, destacada por el Gobierno nacional, no logra compensar el deterioro del ingreso ni reactivar la actividad.
EL IMPACTO DEL RETIRO DEL ESTADO
Uno de los ejes centrales del conflicto es la fuerte reducción de transferencias desde la Nación hacia las provincias. Este recorte no solo limita la capacidad de gestión de los gobiernos locales, sino que además impacta directamente en la obra pública, la asistencia social y el sostenimiento del empleo.
En provincias como La Rioja, donde la dependencia de los fondos nacionales es mayor, el ajuste se siente con más intensidad. La falta de recursos no solo frena proyectos de infraestructura, sino que también debilita el entramado económico local.
UN MENSAJE OFICIAL QUE GENERA INCERTIDUMBRE
A este contexto se suma una definición que encendió alarmas en el ámbito político: la posibilidad de que el propio presidente haya deslizado que, si el plan económico no funciona, el gobierno podría “volver a casa”.
Más allá de la interpretación, la frase refleja una lógica de todo o nada que introduce incertidumbre en un momento donde la estabilidad es clave. No hay margen para experimentos cuando el costo del ajuste ya recae sobre amplios sectores de la sociedad.
ENTRE EL ORDEN FISCAL Y LA CRISIS SOCIAL
El Gobierno nacional apuesta a sostener el superávit fiscal como principal bandera de gestión. Sin embargo, ese equilibrio se construye en gran medida a partir de un recorte profundo del gasto público, cuyos efectos comienzan a sentirse con fuerza en la vida cotidiana.
La discusión de fondo ya no es únicamente técnica. Se trata de un modelo que, en su aplicación concreta, está ahogando a los argentinos y argentinas, trasladando el peso del ajuste a los sectores más vulnerables y tensionando el tejido social.
UN ESCENARIO ABIERTO
Con una economía que no muestra signos claros de recuperación y un malestar social en crecimiento, el escenario político se vuelve cada vez más incierto. La falta de resultados en la economía real podría erosionar rápidamente el respaldo al Gobierno, especialmente en el interior del país.
Porque en definitiva, más allá de los indicadores macroeconómicos, la sostenibilidad de cualquier modelo depende de su impacto en la vida de la gente. Y hoy, para muchos argentinos, la sensación es clara: el ajuste no ordena, asfixia.
