Un nuevo escándalo sacude a una comunidad educativa y vuelve a exponer una problemática que se repite con alarmante frecuencia: el manejo informal de grandes sumas de dinero destinadas a fiestas de egresados. Esta vez ocurrió en Córdoba, donde padres y madres de alumnos del colegio armenio General Manuel Belgrano denunciaron que una mujer se habría quedado con unos 11 millones de pesos reunidos durante más de un año.
El caso se suma a un episodio reciente en Misiones, donde una situación similar derivó en una causa judicial, y reabre el debate sobre la falta de controles, la confianza depositada sin respaldo legal y la vulnerabilidad de las familias frente a este tipo de maniobras.
Según relataron los denunciantes, la madre acusada era la encargada de administrar la recaudación para la fiesta de egresados. A pocos días del evento, dejó de responder mensajes y de brindar explicaciones claras sobre el destino del dinero. La situación escaló rápidamente y terminó con una denuncia penal por presunta estafa, presentada la semana pasada.
La recaudación había comenzado en abril de 2024. Mes a mes, las familias aportaban cuotas en efectivo o mediante transferencias para cubrir los costos del salón, el catering, la música y otros servicios. Aunque tres adultos firmaron el contrato con el salón, la administración del dinero quedó en manos de una sola persona, una decisión que hoy es duramente cuestionada por los propios padres.
El conflicto estalló durante una reunión previa a la fiesta, cuando la mujer aseguró haber sido víctima de un robo y afirmó que le habían sustraído una mochila con el dinero. Sin embargo, nunca presentó una denuncia policial ni aportó pruebas que respaldaran su versión. «Dijo que la habían asaltado, pero no hizo la denuncia y en la zona hay cámaras. Ahí empezamos a sospechar», contó Karina, madre de uno de los alumnos, en declaraciones a Canal 10.
La desconfianza se convirtió en alarma cuando los padres consultaron directamente con el salón. Allí descubrieron que, de los 166 cubiertos contratados, solo 28 estaban pagos y que desde agosto no se había abonado ninguna suma. «La fiesta estuvo a punto de suspenderse. Teníamos apenas dos días para juntar todo», relató otra madre.
Ante la inminencia del evento, las familias se organizaron contrarreloj. Se activó una red solidaria que incluyó a padres, familiares, integrantes de la colectividad armenia y personas ajenas al colegio. Se realizaron rifas, ventas de comida y colectas improvisadas. Los dueños del salón también colaboraron ofreciendo facilidades de pago. Gracias a ese esfuerzo colectivo, la fiesta pudo realizarse.
«La angustia fue enorme, pero la respuesta fue increíble. Hubo mucha solidaridad y trabajo en equipo», resumió Carolina, otra de las madres. Incluso la hija de la mujer denunciada asistió al festejo, una decisión consensuada por el grupo. «Ella no tiene ninguna responsabilidad», coincidieron.
Sin embargo, el cierre simbólico para los egresados no puso fin al conflicto. Los padres avanzaron judicialmente y exigen que se investigue lo ocurrido y se recupere el dinero. «Queremos una reparación y que se haga cargo de lo que hizo», señalaron.
El episodio de Córdoba no es un caso aislado. Días atrás, en Eldorado, Misiones, otra madre fue denunciada por apropiarse de más de 17 millones de pesos destinados a una fiesta de egresados. En ese caso, la mujer admitió haber gastado el dinero en el casino y habló de un problema de ludopatía, una explicación que no convenció a las familias afectadas.
La reiteración de estos hechos deja al descubierto una trama preocupante: confianza sin controles, manejo informal de fondos millonarios y un vacío de responsabilidad que termina judicializado. Mientras avanzan las causas, muchas familias empiezan a preguntarse cómo evitar que uno de los momentos más esperados del cierre de la secundaria vuelva a transformarse en una pesadilla.
