En un giro inesperado en la política de memoria histórica, el Gobierno Nacional ha decidido sumarse a una medida impulsada durante la administración de Cristina Kirchner al ordenar la desclasificación de los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que abarcan el oscuro período de la última dictadura militar en Argentina. Este anuncio, realizado en un contexto de creciente polarización social y política, ha desatado reacciones encontradas en la sociedad.
La desclasificación de estos documentos, que ya habían sido parcialmente difundidos por el historiador Juan Bautista Yofre, representa un intento del actual gobierno de abrir el acceso a información vital sobre el accionar de las fuerzas armadas durante ese periodo. A través de un video difundido por la Casa Rosada, Manuel Adorni, secretario de estrategias del gobierno, explicó que esta medida fue una orden directa de Javier Milei, quien buscaba transparentar el accionar de la SIDE y brindar una nueva perspectiva sobre los sucesos de la época.
En este mismo contexto, sin embargo, el debate sobre la cifra de 30,000 desaparecidos se ha intensificado. Agustín Laje, personalidad controvertida que apareció en el video oficial conmemorando el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, cuestionó esta cifra y buscó dar un giro a la narrativa histórica al plantear que el período se trató de un estado de «guerra revolucionaria». Sus afirmaciones han encendido el debate sobre la posible reactivación de la teoría de los dos demonios, una interpretación que equipara la violencia ejercida por el Estado con la violencia de grupos armados de la época.
Laje, conocido por sus posturas críticas hacia las narrativas oficiales sobre la dictadura, argumentó que la justicia debe ser equitativa y que las víctimas de los atentados perpetrados por organizaciones armadas también merecen reconocimiento. Estas declaraciones han sido condenadas por diversos sectores de la sociedad, que las consideran una minimización de las atroces violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
El gobierno también ha adelantado que se considerará el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra Humberto Viola, en Tucumán, como un delito de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de controversia, dado que las familias de las víctimas han visto cómo sus reclamos han sido sistemáticamente rechazados en instancias judiciales, incluida la Corte Suprema.
La publicación de un corto oficial sobre el 24 de marzo, donde se reitera el llamado a la memoria y la justicia, ha sido criticada por las insinuaciones de una narrativa revisada que busca diluir la responsabilidad del Estado en las violaciones de derechos humanos. Esta estrategia, rechazada por muchos sectores de la sociedad, parece alinearse con un esfuerzo por reconstruir la historia política de Argentina desde una perspectiva que minimiza los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante la dictadura.
En un momento donde la memoria histórica sigue siendo un tema crucial en el debate público argentino, la desclasificación de archivos y la reconfiguración de discursos sobre la dictadura plantean interrogantes sobre el futuro de los derechos humanos en el país. Mientras el gobierno busca abrir espacios de discusión, el contexto actual invita a reflexionar sobre la importancia de recordar y reconocer las verdades históricas de aquellos años oscuros en la historia de Argentina.