Este martes 21 de abril, la Legislatura Unicameral de Córdoba se convierte en la sede de un proceso judicial histórico. A partir de las 08:30 hs, los fiscales Luis Pizarro, Javier Di Santo y Daniel Miralles enfrentan el inicio del jury de enjuiciamiento en su contra, bajo los cargos de mal desempeño y negligencia en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006.
La jornada inicial genera una enorme expectativa debido al peso de los testimonios programados. Se espera que declaren ante el tribunal el viudo Marcelo Macarrón, quien fue sobreseído en 2022, junto a sus hijos Facundo y Valentina. La defensa de la familia ha sostenido durante años que los fiscales direccionaron la pesquisa para incriminarlos, ignorando pruebas fundamentales y permitiendo que la causa principal prescribiera.
El tribunal ha previsto un cronograma de declaraciones que incluye a 37 testigos entre el 21 y el 27 de abril. Una vez finalizada la etapa testimonial y si no se incorpora nueva prueba, se procederá a los alegatos y a la deliberación final. El veredicto, que determinará si los funcionarios son destituidos o ratificados en sus cargos, deberá conocerse antes del 28 de mayo, fecha en que vence el plazo legal de cuatro meses para este procedimiento.
La acusación contra Pizarro, Di Santo y Miralles cobra mayor relevancia tras los hallazgos de 2024, cuando se confirmó que el ADN encontrado en la escena pertenece a Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la casa al momento del hecho. Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, denunció que la justicia contaba con indicios claros contra Bárzola desde un informe del FBI en 2011, pero que los fiscales optaron por perseguir a la familia bajo diferentes teorías, desde el viaje relámpago de Macarrón desde Punta del Este hasta la hipótesis del crimen por encargo.
Mientras el jury evalúa el desempeño de los fiscales que pasaron por la causa entre 2007 y 2019, la investigación penal ha dado un giro definitivo. En diciembre de 2025, el fiscal Pablo Jávega elevó a juicio oral la causa contra Roberto Bárzola por abuso sexual seguido de muerte. Según Jávega, el avance de la pesquisa penal continúa siendo una obligación del Ministerio Público Fiscal, independientemente de que las actuaciones previas de sus colegas estén hoy bajo revisión legislativa.
