En el marco de las derivaciones de la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, personal de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en el departamento del barrio porteño de Palermo donde actualmente reside su exesposa, la modelo Jésica Cirio, junto a su actual pareja, Nicolás Trombino.
El operativo se llevó a cabo en una torre ubicada en la calle Ortega y Gasset al 1.600. Según datos que se pudo saber, los efectivos secuestraron dos bolsas con sustancias estupefacientes. Una de ellas contenía 0,83 gramos de «tusi» (cocaína rosa) y la otra, 1,57 gramos de una sustancia amarronada. Los investigadores señalaron que, por la escasa cantidad, la droga estaba destinada al consumo personal.
En el mismo lugar se hallaron armas y municiones de distintos calibres, las cuales estarían debidamente registradas a nombre de Trombino. Cabe recordar que Cirio estuvo casada con Insaurralde entre 2014 y 2022, y quedó envuelta en el ojo de la tormenta judicial tras el polémico viaje del exfuncionario a Europa en 2023.
La ruta del dinero: un ex cadete complicó al novio de Wanda Nara
De forma paralela, la investigación sumó un testimonio clave que complica la situación de otros implicados en el entramado financiero ilegal. Marcelo Leguizamón, un ex cadete conocido en el expediente como ‘Pan Dulce’, declaró ante el fiscal federal Franco Picardi y confirmó el traslado de fajos de dólares hacia la casa de Martín Migueles, actual novio de la conductora Wanda Nara.
Leguizamón trabajaba para el financista Elías Piccirillo, quien manejaba el 90 por ciento de las acciones de la cueva cambiaria Arg Exchange. El testigo ratificó haber llevado divisas en el circuito paralelo en al menos dos oportunidades, convirtiéndose en un eslabón logístico clave que ya había surgido tras las pericias realizadas al teléfono celular del propio Migueles.
La Justicia determinó que la financiera Arg Exchange movió de manera sospechosa unos 251 millones de dólares durante el año 2023, aprovechando la brecha cambiaria de ese entonces. Esta declaración se enmarca en la investigación por maniobras ilegales ligadas al denominado ‘rulo financiero’, el lavado de activos y la utilización del sistema SIRA para la obtención de divisas durante la gestión de gobierno de Alberto Fernández.
Actualmente, Piccirillo y Migueles, quienes además de socios comerciales eran amigos, se encuentran coimputados en la causa junto a varios exfuncionarios públicos, debido a las sospechas de que Migueles operaba activamente en estas maniobras.
