La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni sumó nuevas declaraciones testimoniales que ponen en duda el valor declarado de un departamento adquirido en el barrio porteño de Caballito.
Según consta en el expediente, los titulares de la inmobiliaria que intervino en la operación afirmaron ante la Justicia que el inmueble tenía un valor significativamente superior al consignado en la escritura. La martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, indicaron que la propiedad -ubicada sobre la calle Miró- había sido ofrecida inicialmente en torno a los 340.000 dólares y que, de acuerdo a criterios de mercado, su cotización podría haber alcanzado los 345.000 dólares.
De acuerdo con sus declaraciones, el precio del inmueble atravesó sucesivas modificaciones: partió de un valor cercano a los 375.000 dólares, descendió a 275.000 y finalmente la operación se concretó por 230.000 dólares. Rucci destacó además que el departamento había sido refaccionado, un factor que, según explicó, incrementaba su valor de mercado.
Otro de los puntos bajo análisis judicial es la modalidad de pago. La martillera calificó como “poco frecuente” la estructura del acuerdo, que incluyó un anticipo de 30.000 dólares en efectivo y un saldo de 200.000 financiado en cuotas sin interés, con vencimiento previsto para noviembre. Este tipo de financiamiento, señalaron, no es habitual en el sector inmobiliario.
La investigación también apunta al rol de Pablo Feijoo, hijo de una de las vendedoras, quien habría facilitado el contacto entre las partes. Según los testimonios, Feijoo rechazó la intermediación de la inmobiliaria al señalar que ya contaba con un comprador interesado.
El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien avanza en la reconstrucción del circuito financiero de la operación y en el análisis de los movimientos patrimoniales involucrados. En ese marco, Feijoo fue citado a presentarse en los tribunales de Comodoro Py, donde deberá entregar su teléfono celular y documentación vinculada a la transacción.
La causa continuará con nuevas citaciones, entre ellas la de un contratista que realizó refacciones en una propiedad del country Indio Cuá y la de un expropietario relacionado con otra operación inmobiliaria. El foco de la fiscalía está puesto en la estructura financiera del acuerdo y en los pagos en efectivo que, según se investiga, no contarían con respaldo en el sistema bancario.
