Chubut se convirtió en una de las últimas provincias en ampliar sus herramientas de alivio financiero para hogares endeudados. Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y otras jurisdicciones ya implementaron mecanismos similares, mientras la mora de las familias alcanzó el 12,8% a nivel nacional.
Al menos 12 jurisdicciones avanzaron durante los últimos meses con diferentes herramientas destinadas a personas con dificultades para afrontar préstamos, tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Misiones, Salta, Jujuy, Santa Cruz, La Rioja y Chubut.
Según el último dato oficial disponible del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de las familias llegó al 12,8% en junio. Una estimación posterior de la consultora 1816 ubicó el indicador en 12,94% durante julio. Dentro de ese escenario, La Rioja presenta una situación delicada: de acuerdo con los datos publicados, registra el mayor porcentaje de deudas impagas del país, con una tasa de mora del 23,9%.
La respuesta de las provincias no es uniforme. Algunas optaron por reducir tasas, otras habilitaron créditos para cancelar obligaciones anteriores y un tercer grupo estableció límites para evitar que las cuotas absorban una proporción excesiva de los ingresos familiares.
Una de las últimas en profundizar este camino fue Chubut. El gobernador Ignacio Torres anunció la ampliación del Programa de Alivio Financiero provincial para incorporar las deudas en mora correspondientes a tarjetas de crédito emitidas por el Banco del Chubut. Para los empleados de la Administración Pública Provincial alcanzados por la medida, la propuesta contempla un año de gracia para el pago del capital, una tasa fija del 25% durante los primeros 24 meses y un plazo de hasta 72 cuotas.
La provincia ya contaba con un programa destinado a trabajadores públicos endeudados con mutuales y cooperativas. Según informó el gobierno chubutense, ese mecanismo alcanzó a más de 600 familias.
Además, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de Ley de Alivio al Sobreendeudamiento que busca extender las herramientas a residentes con deudas en mora por tarjetas de crédito o préstamos personales y cuyos ingresos familiares sean inferiores a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, entre otros requisitos. Chubut, sin embargo, forma parte de una tendencia que ya se extiende por buena parte del país.
En Buenos Aires, Banco Provincia mejoró las condiciones de su programa de refinanciación para personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y clientes que perciben sus haberes en la entidad. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, implementó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal con una tasa fija del 35% nominal anual y un plazo mínimo de 24 meses.
Santa Fe puso en marcha un Plan de Protección de los Ingresos que permite a empleados públicos, trabajadores formales, monotributistas y autónomos solicitar un nuevo crédito para cancelar deudas anteriores. El plazo puede alcanzar los 60 meses y la cuota no puede superar el 25% de los ingresos.
Córdoba también avanzó con herramientas propias. Además de una línea del Banco de Córdoba para consolidar deudas en hasta 60 cuotas, el Gobierno provincial impulsó el programa “Alivio Cordobés”, que establece una tasa nominal anual del 35% y plazos de hasta 48 meses.
Corrientes habilitó la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito en seis o 12 cuotas fijas con una reducción de la tasa, mientras que Neuquén estableció un régimen especial con tasas de hasta el 35% anual o UVA más 5% y un plazo mínimo de 24 meses.
Misiones, Salta y Jujuy avanzaron, a su vez, mediante acuerdos con Banco Macro. Los programas están dirigidos principalmente a trabajadores estatales, municipales, jubilados y pensionados con dificultades para cumplir sus compromisos financieros.
Santa Cruz implementó junto al Banco Santa Cruz un Plan de Alivio Financiero para empleados públicos, que incluye dos meses de gracia, tasa fija durante el primer año y plazos de hasta 72 meses.
Y nuestra provincia también integra el grupo de las que adoptaron medidas. El gobierno riojano implementó una reducción de tasas para préstamos personales del Banco Rioja y un esquema específico de reestructuración para clientes con más de 90 días de atraso. Para estos últimos, se habilitaron condiciones de refinanciación con tasas menores y plazos que pueden extenderse hasta las 48 cuotas.
La multiplicación de programas provinciales muestra que el problema dejó de estar circunscripto a una jurisdicción determinada. Desde el norte hasta la Patagonia, gobiernos con diferentes orientaciones políticas comenzaron a recurrir a bancos provinciales, acuerdos con entidades privadas y modificaciones normativas para intervenir sobre el creciente peso de las deudas familiares.
Las herramientas tampoco eliminan las obligaciones: en la mayoría de los casos, buscan reorganizarlas mediante tasas menores, períodos de gracia o plazos más extensos para reducir el peso mensual de las cuotas. Mientras las provincias multiplican mecanismos de asistencia y refinanciación, el Gobierno nacional mantiene hasta el momento una posición diferente y considera que la morosidad constituye fundamentalmente una relación entre privados.
