La Oficina de Violencia Doméstica difundió su informe anual correspondiente a 2025, en el que se registraron 18.014 atenciones a personas afectadas por situaciones de violencia, lo que representa un incremento del 5% en comparación con el año anterior.
De acuerdo con los datos, el organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió en promedio 49 casos por día a lo largo del año. Del total, 10.124 correspondieron a presentaciones formales y 7.890 a consultas informativas presenciales. Ambas modalidades mostraron aumentos interanuales: 3% en presentaciones y 8% en consultas.
El informe indica que las atenciones fueron realizadas mayoritariamente por mujeres y, en gran parte, fuera del horario judicial. En ese marco, los equipos interdisciplinarios llevaron adelante 13.313 evaluaciones de riesgo, que involucraron a 12.566 personas afectadas.
El grupo más representado fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, que constituyeron el 50% de los casos. Le siguieron niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representaron el 31%, con una edad promedio de 9 años.
En cuanto a las personas denunciadas, se contabilizaron 10.280, de las cuales el 71% eran varones, con una edad promedio de 40 años. El relevamiento también señala que cerca de 3 de cada 10 presentaban consumo problemático de alcohol (29%) o sustancias psicoactivas (28%), mientras que un 8% poseía armas.
Respecto de los vínculos, el más frecuente fue el de pareja o expareja (45%), seguido del vínculo filial (35%). En relación con las formas de violencia, predominó la psicológica (96%), seguida por la física y simbólica (42% cada una), la ambiental (28%), la económica-patrimonial (27%) y la sexual (7%). En el 90% de los casos, las personas afectadas fueron mujeres.
Uno de los datos más relevantes del informe es que el 25% de las evaluaciones correspondieron a situaciones de riesgo alto o altísimo, mientras que 1.758 personas presentaban lesiones como consecuencia de la violencia. Además, el 57% de los episodios relatados ocurrían con frecuencia diaria o semanal, y solo el 6% correspondía a un primer hecho.
En términos de intervención institucional, el 99% de los casos fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 67% al fuero penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, el 31% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Como resultado de estas actuaciones, la Justicia Civil dispuso al menos 34.913 medidas preventivas urgentes, entre ellas prohibiciones de acercamiento (66%), prohibiciones de contacto (63%), entrega de botones antipánico (39%) y órdenes de cese de actos de intimidación (33%).
El informe refleja no solo un aumento en la demanda de atención, sino también la persistencia de patrones de violencia sostenidos en el tiempo, con fuerte impacto en mujeres, niños y adolescentes.
