En los últimos días se dio a conocer una nueva modalidad de estafa virtual que circula en la provincia y que utiliza supuestas citaciones judiciales para engañar a las víctimas, acceder a sus datos personales y financieros, e incluso solicitar préstamos a su nombre.
Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos o mensajes que simulan provenir de tribunales u organismos oficiales, con un lenguaje formal y referencias a supuestos expedientes judiciales. El objetivo es generar temor y urgencia para que la persona ingrese a enlaces fraudulentos o brinde información sensible, como claves bancarias o datos de acceso a cuentas.
En muchos casos, los mensajes incluyen asuntos intimidantes vinculados a “procesos judiciales”, “comparecencias obligatorias” o “notificaciones urgentes”, lo que aumenta la probabilidad de que la víctima actúe sin verificar su autenticidad.
Las autoridades judiciales remarcan que las notificaciones oficiales no se envían por correo electrónico de este tipo ni incluyen enlaces para acceder a expedientes, y que cualquier comunicación formal se realiza a través de canales institucionales específicos y seguros.
El engaño se apoya en técnicas de phishing, una modalidad que busca robar credenciales bancarias mediante sitios falsos que imitan plataformas oficiales. Una vez que la víctima ingresa sus datos, los estafadores pueden tomar control de cuentas bancarias, redes sociales o incluso gestionar créditos y préstamos digitales a nombre del usuario.
En el ámbito local, se reportaron casos recientes de usuarios que recibieron este tipo de notificaciones fraudulentas, lo que refuerza la preocupación por el crecimiento de estas maniobras en La Rioja y el país.
Las recomendaciones son no abrir enlaces sospechosos, no descargar archivos adjuntos, no ingresar datos personales ni bancarios, y eliminar de inmediato cualquier mensaje de este tipo. También verificar siempre la información a través de los canales oficiales de los organismos mencionados.
Las víctimas de ciberdelitos deben realizar primero la denuncia penal ante Delitos Económicos o la Policía y luego acudir a Defensa del Consumidor para iniciar el reclamo administrativo.
