La Fundación Soberanía Sanitaria advirtió sobre el impacto de la crisis de financiamiento del organismo en la cobertura de salud. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el gasto de bolsillo en medicamentos aumentó un 594%, mientras que las dispensas cayeron un 27%.
El Programa de Atención Médica Integral, administrado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) atraviesa una crisis de financiamiento que impacta en la cobertura de medicamentos y prestaciones médicas de millones de personas mayores. Así lo advirtió la Fundación Soberanía Sanitaria en un informe publicado el 15 de octubre, en el que señaló una reducción de los recursos del organismo y mayores dificultades para acceder a tratamientos y servicios de salud.
Según el documento, la caída del empleo formal, la eliminación del Impuesto PAIS y la disminución de la asistencia del Tesoro Nacional provocaron una pérdida estimada de entre el 10% y el 15% de los ingresos del PAMI. El análisis también indica que, entre noviembre de 2023 y junio de 2026, los precios de venta al público de la canasta de medicamentos aumentaron un 249%, mientras que el gasto de bolsillo de los afiliados creció un 594%.
La fundación vinculó este incremento con los cambios en la cobertura de medicamentos, la eliminación de aproximadamente 180 productos del vademécum y la reducción de descuentos. A su vez, advirtió que la caída del 27% en las dispensas registrada hasta julio de 2026 evidencia las dificultades para sostener el consumo de medicamentos.
- Menos prestaciones y más presión sobre los hospitales
El informe también señaló que los aranceles que PAMI reconoce a sus prestadores aumentaron un 103% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, frente a una inflación acumulada del 260% en el mismo período. Esta diferencia, según el documento, contribuyó a demoras, suspensiones de servicios y dificultades para sostener la atención.
En la provincia de Buenos Aires, las internaciones de pacientes afiliados al PAMI en hospitales públicos pasaron de 231.323 en 2023 a 287.198 en 2025, un incremento del 24%.
La Fundación Soberanía Sanitaria advirtió que estas dificultades trasladan parte de la demanda a los sistemas públicos provinciales y municipales, que deben destinar recursos propios para garantizar la atención.
Entre las medidas que propone, el informe plantea recomponer el financiamiento del organismo, actualizar los aranceles de los prestadores y recuperar la cobertura de medicamentos para garantizar el acceso a la salud de las personas mayores.
