Con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara alta le dio luz verde al proyecto del Gobierno, que había vuelto con modificaciones desde Diputados. La iniciativa restablece los límites del 15% a la compra de tierras por parte de extranjeros, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones.
En una maratónica sesión en la que también aprobó la Ley de Discapacidad, el Senado sancionó este jueves, con 42 votos a favor y 26 en contra, las modificaciones de Diputados a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa del Gobierno quedó definitivamente aprobada, aunque con un punto clave: se restituyó la plena vigencia de la Ley de Tierras, que limita al 15% la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Votaron a favor La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y Convicción Federal; en contra, Unión por la Patria, el Frente Cívico por Santiago y otros senadores de bloques provinciales.
El 21 de octubre, Diputados incluyó el capítulo que restituye la Ley 26.737 y alteró el texto del Senado, lo que obligó a un nuevo debate en la Cámara alta. La oposición recordó el intento de derogarla mediante el DNU 70/23, su suspensión judicial y la movilización popular que obligó a Patricia Bullrich a retirar ese capítulo en el Senado.
Antes de la votación, el senador Agustín Coto, miembro informante y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ratificó la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras, y la restitución plena del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales.
- Desalojos exprés y cambios en las expropiaciones
En expropiaciones, el texto exige que el Estado justifique que la medida es necesaria, proporcional y la única herramienta adecuada, y que el inmueble no sea tomado hasta pagar la indemnización completa, actualizada por inflación y con lucro cesante si puede acreditarse.
En desalojos, el juez podrá ordenar la restitución antes del fin del juicio e intimar la devolución en 72 horas, a pedido del propietario con titularidad acreditada; por falta de pago, el plazo mínimo será de diez días. Para personas vulnerables, el juez podrá otorgar hasta diez días para una solución habitacional.














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