La Provincia prepara su respuesta a la demanda presentada por CAMMESA contra el decreto que suspendió el traslado de los aumentos tarifarios a los usuarios. El Estado riojano tendrá 60 días para defender la constitucionalidad de la medida y evitar que prospere una cautelar que podría modificar el esquema vigente. Además, el funcionario confirmó que se analiza la continuidad del congelamiento tarifario, cuyo plazo venció el 31 de octubre.
El Gobierno de La Rioja prepara su defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) presentara una demanda contra la Provincia para cuestionar el congelamiento de los aumentos de las tarifas eléctricas dispuesto en 2024.
En diálogo con Radio La Torre, el asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó que el Estado provincial fue notificado sobre el inicio de una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 370 del Poder Ejecutivo y la resolución 133 del Ministerio de Agua y Energía, ambos de 2024.
El funcionario explicó que la medida se tomó frente a los primeros incrementos derivados de la eliminación de los subsidios nacionales. En ese contexto, la Provincia resolvió absorber el impacto con recursos de la extracoparticipación y evitar que los aumentos llegaran directamente a las facturas de los hogares.
“La provincia ha decidido, a través de un decreto del señor Gobernador, no trasladar el importe de esa actualización de tarifa a los usuarios y suspenderla”, explicó Goyochea.
Según detalló, entre enero de 2024 y agosto de 2026 los incrementos acumulados alcanzaron el 374% para usuarios de ingresos medios, el 318% para los de ingresos altos y el 224% para los sectores de ingresos bajos.
Para dimensionar el impacto, mencionó que las facturas de hogares de ingresos medios llegan a aproximadamente $800.000 en Catamarca, $1 millón en Tucumán, $910.000 en San Luis y $1.210.000 en Neuquén. Sostuvo que esos valores reflejan el escenario que La Rioja buscó evitar.
En cuanto a la demanda, Goyochea cuestionó su sustento jurídico y manifestó su sorpresa por la decisión de la Corte de darle curso. No obstante, confirmó que Fiscalía de Estado ya trabaja en la contestación.
“El equipo de Fiscalía de Estado, ya al haber sido oportunamente notificado, está abocado al trabajo para responder a esta acción”, afirmó.
La Provincia cuenta con un plazo de 60 días para presentar su defensa. El objetivo será sostener la constitucionalidad de las medidas y evitar que prospere la cautelar solicitada por CAMMESA, que busca suspender sus efectos.
Por último, el asesor se refirió a la continuidad del congelamiento tarifario, cuyo plazo venció el 31 de octubre. Indicó que la decisión todavía está bajo análisis y requiere consultas entre el Ministerio de Agua y Energía, las áreas técnicas del Gobierno y la empresa prestadora.
“Es una decisión que, evaluada oportunamente, se comunicará a la población en su conjunto”, señaló.
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