Más de 1.000 cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país hicieron sonar sus sirenas este jueves a las 10 en un reclamo conjunto al Gobierno nacional, al que le exigen el pago de una deuda de $59.330 millones correspondientes al remanente de 2025 y años anteriores.
Más de mil cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país hicieron sonar sus sirenas en simultáneo este jueves a las 10 de la mañana, en el marco de un «sirenazo» nacional impulsado por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. La medida, pacífica y federal, representó a unos 52.000 hombres y mujeres voluntarios y no interrumpió la atención de emergencias, que se mantuvo con prioridad absoluta en todos los cuarteles del país.
El reclamo central apunta a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, por la falta de ejecución y distribución de $59.330.748.051, correspondientes al remanente del ejercicio 2025 y períodos anteriores previstos por la Ley Nacional N° 25.054. Ese dinero surge de un aporte del 5 por mil sobre las primas de los seguros que se contratan en el país —excepto los de vida—, recaudado por el Estado a través de la Superintendencia de Seguros, y que por ley debe repartirse entre las asociaciones. En promedio, la deuda equivale a unos 45 millones de pesos por cuartel.
Además del reclamo económico central, el sector planteó otros tres ejes: que la licitación de la nueva Red Federal de Concesiones, impulsada por el Decreto 97/2025, incluya convenios obligatorios con los cuarteles para compensar la atención de emergencias en rutas concesionadas; la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, con énfasis en la devolución del IVA; y facilidades para la compra de unidades usadas en el exterior, una operatoria hoy trabada por las restricciones de giro de divisas.
El planteo ya llegó al Congreso, donde la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el senador Ariel Rauschenberger, verificó el monto de la deuda mediante un pedido de acceso a la información pública. Desde el sector no descartan judicializar el reclamo si no obtienen respuestas.
