Autoridades de los tres poderes del Estado provincial, colegios profesionales y organizaciones sociales conformaron un frente común para rechazar las modificaciones a la norma vigente, advirtiendo que los cambios representan un retroceso hacia un modelo sanatorial y de exclusión.
En el marco de una mesa de trabajo intersectorial convocada por el Ministerio de Salud, representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial de La Rioja, junto con referentes comunitarios, expresaron su categórico rechazo a la propuesta de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.° 26.657 que promueve el Gobierno nacional.
Las autoridades locales señalaron que las modificaciones pretendidas atentan contra la perspectiva de derechos humanos, la interdisciplina y el modelo de atención comunitaria consolidado por la legislación actual. Como respuesta institucional frente a este escenario, la Provincia anunció la conformación del Consejo Provincial de Salud Mental y la realización de un encuentro técnico e intersectorial para fijar una postura firme a nivel nacional.
Durante el encuentro, el ministro de Salud provincial, Juan Carlos Vergara, afirmó un desacuerdo absoluto con el proyecto del Ejecutivo nacional y advirtió sobre la falta de previsiones presupuestarias y de financiamiento en la iniciativa oficial.
En la misma línea, el director de Salud Mental de la provincia, Sebastián Barrionuevo, subrayó que los cambios propuestos significan un grave retroceso paradigmático en el abordaje de las adicciones y los padecimientos psíquicos.
Paralelamente, en el plano legislativo, el diputado nacional Sergio Casas confirmó el acompañamiento a un proyecto de emergencia en la materia para frenar el avance de la reforma en el Congreso, mientras que el defensor general Gastón Mercado Luna instó a no desproteger a las personas en situación de vulnerabilidad y la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano enfatizó la necesidad de sostener la red de contención municipal frente a los recortes nacionales.
