La percepción negativa sobre la situación económica ascendió al 58,9% en agosto, reflejando un incremento de cuatro puntos respecto a la medición anterior, mientras que el descontento con el plan oficial alcanza al 47,8%.
Un reciente relevamiento nacional elaborado por la consultora del analista político Jorge Giacobbe encendió las alarmas sobre el clima social en el país. De acuerdo con los datos recopilados durante el mes de agosto, casi seis de cada diez ciudadanos sostienen una mirada crítica sobre la marcha de las variables financieras. La cifra del pesimismo general alcanzó el 58,9%, consolidando un crecimiento de cuatro puntos porcentuales en comparación con los registros de la medición previa efectuada entre finales de mayo y los primeros días de julio, cuando la insatisfacción se ubicaba en el 54%.
Al profundizar en la vivencia cotidiana de los encuestados, el estudio muestra que el 48,9% afirma estar sufriendo el deterioro económico de manera directa en su economía personal y familiar. A este grupo se suma un 9,5% de personas que, si bien reconocen que el contexto general del país está empeorando, sostienen que esa erosión aún no genera un impacto negativo en su calidad de vida diaria.
Asimismo, un 5,3% de los consultados describió el escenario financiero como estancado. La combinación de estos factores revela que cerca del 64% de los argentinos no percibe ningún tipo de recuperación o avance en la actividad económica. En la vereda opuesta, la percepción positiva reúne al 35,8% de la muestra, fraccionada entre un 28,5% que manifiesta sentir mejoras concretas en su bolsillo y un 7,3% que evalúa que la economía del país marcha hacia un progreso, aunque sin registrar beneficios personales directos hasta el momento.
En relación con el acompañamiento al programa de gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, la opinión pública expone posturas marcadamente divididas. Una mayoría relativa del 47,8% califica las políticas económicas de La Libertad Avanza como equivocadas, sosteniendo que las medidas aplicadas obligan a la ciudadanía a afrontar privaciones y dificultades sin un propósito justificable.
En tanto, las posiciones de apoyo al plan oficial se distribuyen en distintos matices: un 22,4% coincide en que resulta necesario respaldar el esfuerzo actual impulsado por la expectativa de una mejora futura, un 16,8% considera que la restricción presupuestaria no reviste la magnitud que denuncian los sectores críticos y afirma que el rumbo es el adecuado, mientras que un 3,6% valida el sentido de las reformas pero manifiesta serias dudas sobre el margen de tolerancia social para soportar el proceso de crisis.
Por último, un 8,7% admitió no comprender el funcionamiento ni el alcance de la estrategia del Ejecutivo, expresando incertidumbre respecto de sus resultados finales, mientras que el 0,7% prefirió no inclinarse por ninguna opción.
