En un intento desordenado por imponer una reforma integral a la ley de biocombustibles, LLA enfrenta un escenario sumamente adverso en el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto.
Mientras la bancada libertaria pretende imponer una agenda a la medida de los grandes grupos concentrados, las pequeñas y medianas empresas productoras de las provincias encienden las alarmas ante una normativa que las deja al borde de la quiebra.
El proyecto de corte liberal impulsado por el Gobierno beneficia abiertamente a las grandes corporaciones exportadoras en detrimento de la producción nacional y el empleo regional. Pese a los anuncios sobre un aumento en los cortes obligatorios de bioetanol (hasta un 15%) y biodiésel (hasta un 10%), las pymes denuncian que la iniciativa desregula el sector sin garantizarles cupos mínimos de participación. Al exponerlas a competir de forma desigual con gigantes integrados con mayor escala y control de materias primas, el plan oficialista amenaza con desmantelar el entramado productivo de provincias como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy.
Por si fuera poco, la propuesta oficial introduce un mecanismo perjudicial para la soberanía energética: la utilización del costo de importación como referencia de precios, habilitando abiertamente la compra de biocombustibles en el extranjero. Un esquema que condena a la industria local y ataca la caja de las provincias para abaratar costos a las petroleras.
La Libertad Avanza pretende dictaminar en un plenario debilitado, donde ni siquiera tienen garantizado el quórum por la desatención a las demandas federales y la falta de previsión política. Lo que el Gobierno intenta presentar como una modernización no es más que una reforma confeccionada para privilegiar a unos pocos concentrados, sacrificando la industria pyme y a las economías regionales.
