La Justicia Federal de La Plata procesó este martes a Nélida Agustina Bisio, extitular de ANMAT, y a Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora de INAME, en el marco de la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado. El juez Ernesto Kreplak dispuso además un embargo de 500 mil millones de pesos contra cada una y les prohibió la salida del país.
Bisio encabezó la ANMAT hasta comienzos de este año, cuando presentó su renuncia. Mantecón Fumado, por su parte, se desempeñó al frente del INAME hasta el 21 de agosto del año pasado, día en que fue apartada preventivamente de su cargo. Ambas habían estado detenidas durante la investigación y recuperaron la libertad tras pagar una fianza de $75 millones cada una.
- La hipótesis fiscal
Según el expediente, el Ministerio Público Fiscal sostiene que los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García Furfaro, acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.
Los fiscales creen que esos antecedentes se explican por un supuesto «manto de cobertura estatal» que permitió que ambas firmas siguieran operando «en pésimas condiciones de calidad», lo que habría derivado en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB. La pesquisa busca determinar si funcionarios del control sanitario, por acción u omisión, permitieron que los laboratorios continuaran funcionando pese a las irregularidades detectadas.
Cómo empezó el caso
La causa se inició el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote infeccioso inusual en pacientes que habían recibido fentanilo de la marca HLB. Los análisis confirmaron que las ampollas estaban contaminadas con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, halladas luego en hemocultivos de pacientes fallecidos en hospitales de varias provincias.
La resolución judicial señala que el medicamento se fabricó en condiciones «plagadas de serias deficiencias», con controles microbiológicos irregulares y documentación presuntamente adulterada. El producto contaminado circuló entre enero y mayo de 2025 en al menos 17 jurisdicciones del país. Aunque se habla de más de 110 víctimas fatales, el procesamiento se amplió por 90 muertes y 44 víctimas no fatales. El expediente ya reúne más de 400 legajos, unos 600 cuerpos, y cada caso deberá analizarse mediante juntas médicas y pericias del Cuerpo Médico Forense.
