La gestión provincial prorrogó la vigencia del Decreto N.º 617/26 que mantiene fijos los valores de la luz, el agua, el transporte y la conectividad hasta el 31 de octubre. La medida también garantiza el descuento del 20% en las cuotas de viviendas sociales, reafirmando la presencia del Estado para amortiguar el impacto del modelo económico nacional.
En un contexto signado por el constante deterioro de los ingresos y la desregulación de precios impulsada desde la Casa Rosada, el Gobierno de La Rioja ratificó su compromiso con el bienestar de la comunidad al extender por 60 días el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos esenciales. La disposición, que entra en vigencia este 1° de septiembre y se prolongará hasta el 31 de octubre de 2026, busca proteger el presupuesto de las familias de la provincia ante la persistente crisis económica que atraviesa el país.
A través de esta medida, los cuadros tarifarios para los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento continuarán inmóviles respecto a los precios vigentes al 30 de abril. La decisión alcanza de igual manera al transporte urbano de pasajeros —gestionado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo— y a los servicios de conectividad brindados por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM, asegurando el acceso de la población a prestaciones indispensables para la vida cotidiana.
Adicionalmente, el Ejecutivo provincial sostuvo el beneficio de una reducción extraordinaria del 20% en las cuotas que pagan los adjudicatarios de viviendas sociales bajo la órbita de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, garantizando que dichos montos no sufran incrementos durante todo el período de la prórroga. El sostenimiento de este esquema de amparo se enmarca en la Ley Provincial N.º 10.843 de emergencia social, habitacional y de servicios públicos, y contó con la instrucción al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para realizar las readecuaciones presupuestarias que aseguren el funcionamiento de las empresas prestatarias.
Mientras la administración nacional de Javier Milei insiste en la quita de subsidios y la liberación de tarifas que asfixian a las provincias, La Rioja reafirma el rol fundamental del Estado como garante de derechos y herramienta de contención. La decisión contrapone dos modelos de país: uno que abandona a los ciudadanos a la lógica del mercado y otro que utiliza los instrumentos públicos para cuidar la economía familiar y sostener la calidad de vida en el territorio.
