La disputa entre Estados Unidos y China por el despliegue de infraestructura tecnológica en Argentina puso bajo la lupa una de las redes de telecomunicaciones más importantes del país: la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO), administrada por la empresa estatal Arsat.
El enfrentamiento tomó fuerza a partir de las críticas del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, contra la empresa china Huawei y de la presión ejercida por la Embajada estadounidense sobre la cooperativa CALF de Neuquén, principal distribuidora eléctrica de la Patagonia, por un acuerdo comercial con la compañía asiática.
Deetrás de esa disputa existiría un objetivo de mayor alcance: que el Gobierno de Javier Milei avance sobre la ReFeFO y que una empresa estadounidense pueda hacerse con el control de esa infraestructura.
La ReFeFO constituye una infraestructura central para las telecomunicaciones argentinas. Según los datos oficiales citados en la publicación, cuenta con 36.500 kilómetros de fibra óptica desplegada, de los cuales 31.500 kilómetros se encuentran iluminados, es decir, activos y en condiciones de transmitir información.
El despliegue de la red comenzó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se convirtió en una infraestructura federal destinada a ampliar la conectividad y reducir las desigualdades entre las grandes ciudades y las localidades más alejadas.
Antecedentes oficiales muestran que Arsat ya contaba a fines de 2014 con más de 30.000 kilómetros de fibra óptica tendida y que posteriormente se avanzó en la iluminación de buena parte de esa infraestructura.
El conflicto adquiere una dimensión mayor porque el gobierno de Milei impulsa la privatización de empresas estatales, entre ellas Arsat.
La discusión, por lo tanto, excede la elección de un proveedor tecnológico. Lo que está en juego es quién controla una infraestructura estratégica que atraviesa buena parte del territorio argentino.
Quienes cuestionan una eventual transferencia de la red advierten sobre el riesgo de pérdida de soberanía digital, en un contexto en el que también se discute la participación de grandes empresas tecnológicas extranjeras en el manejo de información y servicios digitales del Estado.
En este escenario se inscriben las declaraciones de Lamelas contra Huawei durante el AmCham Energy Summit. El embajador estadounidense cuestionó la presencia de la compañía china y planteó reparos vinculados con la seguridad de la información.
Las declaraciones generaron una respuesta inmediata de la Embajada de China en Argentina, que calificó los dichos como una “calumnia sin ningún fundamento”.
La representación diplomática china rechazó la acusación de que el Gobierno chino solicite a las empresas recopilar información para las autoridades violando las leyes de los países donde operan y acusó a Estados Unidos de mantener una “mentalidad de guerra fría”.
También cuestionó que se utilicen medidas excluyentes para interferir en las decisiones comerciales argentinas y sostuvo que el país no necesita que otros Estados le indiquen cómo atraer inversiones extranjeras.
Huawei, por su parte, defendió su actividad en Argentina. La compañía afirmó ser una empresa 100% privada, con presencia en el país desde 2001, y aseguró que trabaja de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes. También destacó su trayectoria en materia de ciberseguridad y protección de datos.
Para Estados Unidos, la expansión de empresas chinas en sectores considerados estratégicos -telecomunicaciones, energía, minería y tecnología- constituye un problema de seguridad y de influencia geopolítica. China, por su parte, cuestiona que Washington utilice argumentos de seguridad para limitar la participación de sus empresas en mercados extranjeros.
Para Argentina, el debate plantea una cuestión adicional: qué ocurre con la infraestructura digital construida con inversión pública y quién tendrá capacidad de decisión sobre ella si Arsat avanza hacia un proceso de privatización.
