Un damnificado presentó un duro escrito ante la Cámara Federal para evitar ser apartado de la causa. Acusa al juez Martínez De Giorgi de levantar barreras arbitrarias para expulsar a las víctimas y denuncia que la caída de la criptomoneda no fue volatilidad, sino un vaciamiento planificado mediante el uso de la figura presidencial.
La Justicia intenta enfriar una de las causas más sensibles para el Poder Ejecutivo intentando apartar a las víctimas de la megaestafa cripto promocionada desde la propia figura del Presidente. Frente a este escenario, el querellante Martín Romeo, patrocinado por el abogado Nicolás Oszust, presentó un durísimo escrito ante la Sala I de la Cámara Federal donde desmonta la estrategia del juez Marcelo Martínez De Giorgi para expulsar a los damnificados del expediente y tilda la maniobra con el activo $LIBRA como un plan criminal milimétricamente orquestado.
La presentación de la querella apunta de lleno al corazón de la maniobra financiera y rechaza de plano la postura judicial que pretende reducir el hecho a un simple riesgo de mercado. El escrito remarca que se construyó una apariencia de empresa valiéndose del peso de la investidura de Javier Milei como generador de confianza para atraer a miles de pequeños inversores. Además, se ratificó que apenas 22 segundos antes de que el Presidente publicara el tuit promocionando la criptomoneda, billeteras virtuales vinculadas a los imputados ejecutaron compras masivas con información privilegiada para consumar un vaciamiento preprogramado, una dinámica que ya cuenta con el respaldo técnico de los informes de la UFECI y la Policía Federal Argentina.
Para la querella, la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a las víctimas responde a una serie de arbitrariedades destinadas a garantizar la impunidad. La presentación califica de falsa la afirmación del magistrado sobre la falta de pruebas documentales, recordando que se incorporaron actas notariales que acreditan la titularidad de las billeteras virtuales, al tiempo que tilda de aberración procesal las exigencias sobre el origen de los fondos, utilizadas como una barrera artificial para vaciar la querella. Con este fallo, el juez desconoció incluso resoluciones previas de la propia Cámara Federal que ya habían ratificado la legitimación de los afectados.
El futuro de la causa queda ahora sujeto a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal, un tribunal clave cruzado por especulaciones políticas y negociaciones de pliegos con el Poder Ejecutivo. Ante la posibilidad de que se confirme el fallo que deja a las víctimas sin representación, la querella ya hizo reserva del caso federal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario, denunciando una violación flagrante al derecho de acceso a la justicia y al debido proceso.
