El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, introduce cambios significativos en los procesos de desalojo podrían impactar de manera directa en los derechos de los inquilinos. La iniciativa aún debe ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Uno de los puntos centrales es que toda acción de desalojo deberá tramitarse mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más rápido que el ordinario. Si bien esto busca agilizar la recuperación de inmuebles, desde la perspectiva de los inquilinos se advierte que la reducción de plazos podría implicar una menor capacidad de defensa y preparación ante una demanda, especialmente en contextos de vulnerabilidad económica o habitacional.
Además, se amplía la legitimación activa para iniciar desalojos, permitiendo que no solo los propietarios registrales, sino también quienes acrediten un interés legítimo, puedan promover acciones. Esto podría aumentar la cantidad de reclamos judiciales contra ocupantes o inquilinos, generando mayor presión sobre quienes habitan los inmuebles.
- Qué cambia para inquilinos y qué tensiones genera en sus derechos
El proyecto establece que, en contratos de alquiler habitacional, el propietario deberá realizar una intimación previa de al menos diez días corridos antes de iniciar una demanda por falta de pago. Aunque se presenta como una garantía mínima, organizaciones de inquilinos señalan que el plazo puede resultar insuficiente en contextos de crisis económica, donde regularizar deudas en tan poco tiempo puede ser inviable.
También se dispone que las notificaciones enviadas al domicilio contractual, incluso electrónicas, serán válidas aunque el inquilino no las reciba efectivamente. Este punto genera preocupación respecto del derecho a la defensa y al debido proceso, ya que podría habilitar avances judiciales sin conocimiento real del afectado.
Otro aspecto relevante es la consignación judicial de llaves. Si el propietario rechaza la devolución del inmueble, el inquilino podrá entregarlas en sede judicial. Sin embargo, desde la notificación fehaciente se interrumpiría la generación de nuevos alquileres, lo que podría dejar al inquilino en una situación de incertidumbre jurídica y económica.
En casos de intrusión u ocupación precaria, el juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble si considera verosímil el derecho del reclamante. Críticos de la norma advierten que esta medida, aplicada con rapidez, podría limitar instancias probatorias completas.
El proyecto también amplía herramientas procesales como el auxilio de la fuerza pública, el ingreso a domicilios y la identificación fotográfica de ocupantes, lo que genera debates sobre posibles tensiones con el derecho a la intimidad y la protección del hogar.
- Situaciones de vulnerabilidad y garantías limitadas
Si bien se prevén medidas para casos que involucren a menores, adultos mayores o personas con discapacidad, como la intervención del Ministerio Público Tutelar y plazos de hasta diez días para soluciones habitacionales transitorias, organizaciones sociales advierten que estas garantías podrían resultar insuficientes frente a desalojos acelerados.
La norma también establece multas elevadas para quienes oculten información durante el proceso, lo que podría incrementar la asimetría entre propietarios e inquilinos en litigio.
El proyecto fue aprobado en el Senado por 36 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Durante el debate, se cuestionó especialmente su impacto en los inquilinos que enfrentan atrasos en el pago del alquiler, señalando la desigualdad frente a otras relaciones laborales o contractuales.
En términos generales, mientras la iniciativa busca agilizar la restitución de inmuebles, desde la perspectiva de los inquilinos se plantea el riesgo de un debilitamiento de garantías procesales, mayor velocidad en los desalojos y menor margen de defensa ante situaciones de vulnerabilidad habitacional.
