El oficialismo busca convertir en ley el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» tras retirar el capítulo que habilitaba una mayor extranjerización de las tierras rurales. La iniciativa mantiene cambios en desalojos, expropiaciones, registros inmobiliarios y la Ley de Manejo del Fuego, mientras se desarrolla una fuerte movilización en rechazo frente al Congreso.
En medio de una importante movilización frente al Congreso y de un fuerte operativo de seguridad, el Senado comenzó este jueves el debate del proyecto denominado por el Gobierno nacional como «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», una iniciativa que, pese a la eliminación de su capítulo más polémico, mantiene modificaciones que generan un amplio rechazo de organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Desde las primeras horas de la tarde, cientos de manifestantes se concentraron frente al Palacio Legislativo para expresar su oposición a la propuesta impulsada por la administración de Javier Milei. La protesta se desarrolló bajo un amplio despliegue de fuerzas federales y, en los primeros momentos de la movilización, efectivos policiales utilizaron camiones hidrantes para dispersar a algunos manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de las vallas de seguridad.
La sesión comenzó a las 14, tal como había sido acordado durante el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado. El oficialismo llegó al recinto tras verse obligado a retirar el capítulo que proponía flexibilizar la Ley de Tierras para permitir que capitales extranjeros pudieran adquirir hasta el 25% de las tierras rurales, una iniciativa que encontró una fuerte resistencia de gobernadores, incluso de sectores dialoguistas.
La decisión de eliminar ese apartado fue interpretada como una concesión política para evitar el fracaso del proyecto y garantizar el respaldo necesario para avanzar con el resto de la iniciativa.
No obstante, el texto mantiene reformas que también despiertan cuestionamientos. Entre ellas figuran cambios en el régimen de desalojos, modificaciones a la Ley de Expropiaciones, alteraciones en la Ley de Manejo del Fuego y nuevas disposiciones sobre registros inmobiliarios.
Las organizaciones convocantes sostienen que el proyecto prioriza la protección de la propiedad privada por sobre otros derechos y advierten que facilitaría desalojos, limitaría herramientas de intervención estatal y flexibilizaría normas ambientales vinculadas a la protección de terrenos afectados por incendios.
El debate se desarrolla en un clima de fuerte tensión política y social, luego de que el Gobierno debiera resignar el eje central de la iniciativa para intentar reunir los votos necesarios en la Cámara alta. Mientras tanto, fuera del Congreso, las organizaciones mantienen la protesta y reclaman el rechazo total del proyecto.
