Con la participación del gobernador Ricardo Quintela y la vicegobernadora Teresita Madera, la provincia culminó una inédita capacitación práctica en la Legislatura.
El nuevo sistema, enmarcado en la reforma del Código Procesal Penal, busca transformar el servicio judicial mediante la paridad de género, la oralidad y la participación directa de la ciudadanía para garantizar procesos más rápidos y transparentes.
La Rioja consolidó un paso fundamental en la modernización de sus instituciones con la realización de la instancia final del primer simulacro de Juicio por Jurados.
El encuentro, desarrollado en el recinto de la Legislatura Provincial, marcó el cierre de un proceso intensivo de capacitación y recreó de forma completa un litigio oral bajo las pautas de la nueva Ley de Juicio por Jurados y el Código Procesal Penal, posicionando a la provincia en sintonía con las reformas judiciales más avanzadas del país.
Durante la jornada, el gobernador Ricardo Quintela destacó el impacto democrático de incorporar a la ciudadanía en la administración de la justicia penal. El mandatario subrayó que el nuevo esquema delega en ciudadanos comunes, elegidos por sorteo, la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado, un mecanismo que calificó como más óptimo y ágil, y del cual La Rioja no podía quedar al margen.
Por su parte, la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra, resaltó el compromiso social que contrae la comunidad a partir de esta reforma. Asimismo, la magistrada ponderó que la legislación riojana asegura una integración estrictamente paritaria de los tribunales populares, compuestos por seis mujeres y seis hombres, y agradeció el impulso del Poder Ejecutivo a estos proyectos remitidos a la Legislatura, cuyo fin último es beneficiar de forma directa a la gente.
En sintonía, los equipos técnicos y profesionales que coordinaron la actividad explicaron que el simulacro coronó tres etapas de formación que incluyeron el sorteo de los ciudadanos y la audiencia de selección de jurados.
Los especialistas coincidieron en que el nuevo sistema acusatorio transformará radicalmente las dinámicas de trabajo y, fundamentalmente, reducirá los tiempos procesales, dando una respuesta rápida y eficaz tanto a las víctimas como a las personas imputadas, saldando así una de las demandas más urgentes de la sociedad actual.
