Con apoyo de bloques aliados, La Libertad Avanza logró desactivar la sesión prevista para hoy en la que la oposición iba tratar pedidos interpelación al jefe de Gabinete tras las denuncias por enriquecimiento ilícito. La apertura de una comisión funcionará como vía alternativa, aunque sin plazos definidos para avanzar.
La sesión que la oposición había convocado para este martes en la Cámara de Diputados, con el objetivo de tratar los pedidos de interpelación y una posible moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cayó por falta de quórum. A las 14:31, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por finalizada la convocatoria: solo estuvieron presentes 117 de los 129 diputados necesarios para sesionar.
El oficialismo desplegó una estrategia deliberada para evitar el debate. La Libertad Avanza se adelantó a la sesión y convocó a discutir los seis expedientes contra Adorni en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el santafesino Nicolás Mayoraz. La cita es para el martes 30 a las 15, una fecha que la oposición considera excesivamente lejana para un tema que se recalienta día a día. Además, se trata de una mera «reunión informativa» sin garantías de dictamen, lo que abre la puerta a que el debate se estire indefinidamente sin llegar a ninguna resolución.
Esa maniobra le dio a los aliados del Gobierno —PRO, UCR y bloques provinciales como Elijo Catamarca, Independencia e Innovación Federal— la excusa que necesitaban para no acompañar el quórum de una sesión que los colocaba en una posición incómoda frente al Ejecutivo. Incluso antes de la jugada oficialista, la oposición ya estaba a unos diez votos de alcanzar el número requerido. A eso se sumó la ausencia de la diputada cordobesa Alejandra Torres, quien adujo un problema familiar.
Con la ofensiva opositora desactivada, La Libertad Avanza convocó a su propia sesión para el miércoles, con una agenda propia: el llamado «Súper RIGI» —orientado a atraer inversiones tecnológicas por un mínimo de 1.000 millones de dólares— y la aprobación de un acuerdo con dos acreedores de deuda por 171 millones de dólares, con vencimiento el 30 de este mes.
La estrategia también tiene proyección en el Senado. Allí, el oficialismo trabaja para imponer el criterio de que cualquier intento de habilitar una interpelación sin dictamen previo requiera una mayoría de dos tercios, lo que le permitiría bloquear la iniciativa con pocos apoyos adicionales. El objetivo del Gobierno es que Adorni llegue al informe de gestión previsto para el 2 de julio sin enfrentar una interpelación específica sobre su situación patrimonial. Si la oposición no logra reunir los votos en las próximas semanas, el debate podría postergarse hasta después del receso invernal.
