La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que detectó más de 150 radares de velocidad que operaban sin autorización en distintos puntos de la red vial nacional durante los controles realizados en lo que va de 2026.
La situación fue detectada en el marco de un amplio operativo de fiscalización y regularización llevado adelante sobre los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, con el objetivo de garantizar que los controles de velocidad se realicen conforme a la normativa vigente y tengan como finalidad principal la prevención de siniestros viales.
Frente a las irregularidades encontradas, el organismo nacional exigió el cese inmediato de la utilización de los equipos que carecen de habilitación y solicitó el retiro de los dispositivos instalados de manera irregular.
Según precisó la ANSV, al inicio del operativo existían 526 cinemómetros autorizados para funcionar y labrar infracciones en rutas nacionales. De ese total, 363 correspondían a equipos fijos y 163 a radares móviles.
Durante las inspecciones, los agentes de fiscalización y metrología vial comprobaron que de los 363 radares fijos habilitados, solo 239 se encontraban operando en los lugares para los cuales habían sido autorizados. En cambio, 124 dispositivos no fueron hallados en los sitios donde debían estar instalados al momento de los controles.
Ante esta situación, la Agencia comenzó a intimar a las jurisdicciones responsables para que informen el estado operativo de esos equipos. En caso de verificarse que ya no están en funcionamiento, se procederá a dar de baja las autorizaciones correspondientes.
Además, el organismo nacional inició un proceso de revisión de habilitaciones y anunció que avanzará con la revocación de permisos en aquellos casos donde las verificaciones técnicas obligatorias se encuentren vencidas o no hayan sido regularizadas.
La intervención de la ANSV se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún radar puede operar legalmente sobre rutas nacionales sin la autorización previa del organismo.
La normativa otorga a la Agencia la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones para garantizar que funcionen de manera transparente y conforme a derecho.
Recientemente, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales al resolver un reclamo presentado por el municipio de Darwin, en la provincia de Río Negro.
Qué deben tener en cuenta los conductores
Desde el organismo recordaron que toda infracción detectada mediante radar debe contener información precisa sobre el equipo utilizado, incluyendo marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente.
Asimismo, el acta debe consignar la fecha, hora y lugar exacto de la infracción, la velocidad máxima permitida, la velocidad registrada y los datos completos del vehículo involucrado.
También señalaron que los radares deben estar debidamente señalizados y que la notificación de la multa debe realizarse dentro de los plazos legales establecidos por cada jurisdicción.
La ANSV recordó además que las personas que residan a más de 60 kilómetros del lugar donde se labró la infracción tienen derecho a solicitar la realización del descargo de manera remota.
El organismo aseguró que el objetivo del proceso de regularización es evitar prácticas irregulares y garantizar que los controles de velocidad estén orientados a la seguridad vial y a la prevención de accidentes, y no a fines meramente recaudatorios.
