La Universidad de Buenos Aires asegura que la ejecución presupuestaria para sus seis hospitales fue de «cero pesos» en lo que va de 2026. Desde el Gobierno Nacional desmienten la parálisis y acusan a la institución de pretender manejar de forma discrecional fondos destinados a todo el país.
La tensión entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno nacional ha escalado a un nuevo nivel de urgencia. A través de un duro comunicado, la casa de altos estudios denunció este lunes que la administración de Javier Milei mantiene «pisados» los fondos operativos destinados a la salud, una decisión que, aseguran, pone en riesgo inminente la atención médica de cientos de miles de pacientes.
Según los datos suministrados por la UBA, durante el primer cuatrimestre de 2026 la ejecución presupuestaria para el área de salud universitaria fue nula. Las autoridades académicas señalan que, de la partida de 80.000 millones de pesos contemplada en el Presupuesto 2026, no se han transferido los montos de enero, febrero, marzo ni abril, acumulando una deuda de aproximadamente 20.000 millones de pesos necesarios para insumos médicos, mantenimiento y servicios básicos.
«No es solo un conflicto administrativo; es una crisis sanitaria que afecta directamente a la gente», advirtieron desde la universidad. Ante este escenario, los directores de la red de salud han convocado a una conferencia de prensa de urgencia para este martes a las 8:30, en las escalinatas del Hospital de Clínicas, para detallar la gravedad de la situación que afecta a centros neurálgicos como el Instituto Roffo, el Lanari y el Hospital Odontológico, entre otros.
La respuesta del Gobierno:
Por su parte, el Poder Ejecutivo no tardó en reaccionar y prepara un comunicado oficial para desmentir los reclamos de la UBA. Fuentes de la Secretaría de Educación trabajan a contrarreloj para exhibir números que, según afirman, demuestran que las partidas están vigentes y han sido transferidas.
Desde el oficialismo sostienen que el Presupuesto consagra 79.000 millones de pesos para hospitales universitarios, pero subrayan un punto de conflicto central: el carácter federal de los fondos. La gestión de Milei acusa a la UBA de pretender que la totalidad del presupuesto quede bajo su control, ignorando a los hospitales universitarios del resto del país. «La universidad pretende manejo a discreción», deslizaron fuentes libertarias.
Incluso, el Gobierno ha iniciado contactos con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para contrastar la situación de otras provincias con la denuncia presentada por las autoridades porteñas.
Esta nueva disputa se suma a la ya existente por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y ratificada por la Justicia pese a las impugnaciones del Ejecutivo. Según los gremios docentes y no docentes, al retener estos fondos el Gobierno incurre en una doble falta: el incumplimiento de dicha ley específica y la desatención de la Ley de Presupuesto vigente.
El cruce de acusaciones ocurre, además, a solo una semana de una nueva Marcha Federal Universitaria, lo que anticipa un clima de máxima confrontación en las calles y en los despachos oficiales.
