Bajo el pretexto de una supuesta «modernización», el Ministerio de Economía elimina los controles estatales sobre el mercado de capitales, dejando a los inversores a merced de un esquema sin supervisión previa.
El Gobierno de Javier Milei ha decidido profundizar su agenda de desguace del Estado, esta vez apuntando a los mecanismos de control del flujo de dinero. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en redes sociales lo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha bautizado cínicamente como un «Big Bang regulatorio». Se trata de un paquete de medidas que elimina las autorizaciones previas para emisoras y fondos comunes de inversión, permitiendo que el capital financiero opere con una libertad que roza la anarquía.
Para Caputo, este avance hacia la desprotección del sistema es la única vía para el crecimiento. Al afirmar que sin un mercado de capitales «desarrollado» no hay futuro, el ministro omite que su modelo de «desarrollo» consiste en eliminar la fiscalización pública. Con la implementación de autorizaciones automáticas, la CNV renuncia a su rol de guardián del ahorro público, permitiendo que las empresas salgan al mercado simplemente informando sus movimientos, sin que el Estado verifique la solidez de lo que ofrecen antes de captar el dinero de los argentinos.
El titular de la CNV, Roberto E. Silva, no ocultó la naturaleza radical de la medida al compararla con la desregulación de Londres en 1986. Sin embargo, lo que para los funcionarios es «agilidad» y «previsibilidad para los CFOs», para el ciudadano común representa un riesgo sistémico. El esquema de filings, presentación directa sin revisión, suprime las revisiones aprobatorias ex post, dejando un vacío institucional donde la transparencia queda en manos de la buena voluntad de los propios actores financieros.
Esta entrega del control regulatorio se traduce en un mercado de capitales a medida de los grandes grupos económicos y fondos de inversión, quienes ahora gozan de «libertad total» para operar sin el «estorbo» de la supervisión estatal. Mientras el Gobierno invita a una consulta pública decorativa, el rumbo está marcado: un sistema financiero donde el Estado se retira y el riesgo, como siempre, lo termina pagando la sociedad en su conjunto.
