La provincia avanza en la elaboración de un protocolo específico para actuar ante situaciones de violencia escolar, en un contexto observable en distintos puntos del país con creciente preocupación por amenazas anónimas y mensajes intimidatorios que circulan ya en instituciones educativas.
La iniciativa surge de una reunión interinstitucional convocada por el Ministerio de Educación, de la que participaron representantes de áreas clave del Estado, como Salud, Seguridad, Desarrollo Social, la Dirección de Niñez y Adolescencia, además de integrantes del Poder Judicial. Entre ellos estuvo la jueza del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra quien brindó detalles sobre el avance del proyecto.
Según explicó la magistrada, el objetivo principal es establecer herramientas que permitan “prevenir la violencia escolar y responder con rapidez, dentro de un marco de legalidad y contención”, especialmente frente a situaciones como amenazas de tiroteos o mensajes que generen temor en la comunidad educativa.
Si bien existe un protocolo nacional vigente, las autoridades trabajan en una adaptación a la realidad provincial. La propuesta busca contemplar particularidades locales, estadísticas propias y distintos niveles de complejidad según cada región, con el fin de lograr respuestas más eficaces.
Uno de los puntos centrales del debate fue la actuación ante una alerta concreta. El esquema en discusión incluye desde la intervención de las fuerzas de seguridad hasta la contención inmediata de estudiantes, con participación de equipos de salud mental. Además, se analizan medidas preventivas, como la realización de simulacros y la definición de roles claros para docentes, directivos y familias.
Otro eje relevante es el abordaje del entorno digital, dado que muchas de las amenazas surgen en redes sociales o plataformas de mensajería. En ese sentido, el protocolo prevé instancias de capacitación y concientización sobre el uso responsable de estas herramientas, así como el acompañamiento a las familias.
También se contempla la participación de centros de estudiantes y otros actores sociales, con el objetivo de fortalecer los dispositivos de contención y generar una respuesta comunitaria ante situaciones de riesgo.
Desde los organismos involucrados coinciden en que la articulación entre distintas áreas del Estado será clave para garantizar intervenciones rápidas y coordinadas, en un escenario donde la prevención y el acompañamiento aparecen como pilares fundamentales.
