El gobierno de Javier Milei prioriza en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto clave para avanzar en los compromisos asumidos en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversión (ARTI) firmado con Estados Unidos el pasado 5 de febrero.
La iniciativa busca que la Argentina adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un instrumento internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, vigente desde 1970 y que el país aún no ha ratificado. El objetivo oficial es que la ley sea aprobada antes del 30 de abril, plazo comprometido con Washington.
El proyecto retoma un texto que ya cuenta con media sanción del Senado desde 1998, durante la presidencia de Carlos Menem, pero que nunca fue tratado en la Cámara baja. La propuesta no modifica la legislación nacional de patentes, aunque introduce un mecanismo internacional que simplifica el proceso de solicitud en múltiples países.
En la práctica, el cambio permitiría presentar una única solicitud internacional que preserve la prioridad de la invención por hasta 30 meses, evitando la necesidad de iniciar trámites separados en cada país. Desde el oficialismo sostienen que esto reducirá costos, agilizará procesos y beneficiará tanto a inventores argentinos que busquen protección en el exterior como a empresas extranjeras interesadas en registrar patentes en el país.
La medida forma parte del capítulo de propiedad intelectual del ARTI y se complementa con otras decisiones recientes del Ejecutivo, como la eliminación de pautas restrictivas en patentabilidad farmacéutica y biotecnológica, así como el compromiso de reducir los tiempos de tramitación en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Desde la Casa Rosada consideran que la adhesión al tratado es estratégica para fortalecer el vínculo bilateral con Estados Unidos y atraer inversiones en sectores como la industria farmacéutica, la biotecnología, la tecnología y el agro. En ese sentido, el proyecto cuenta con el respaldo de cámaras empresarias vinculadas a laboratorios multinacionales y compañías estadounidenses, que destacan la mayor previsibilidad jurídica que implicaría el nuevo sistema.
Sin embargo, la iniciativa genera resistencias en la industria local. Laboratorios nacionales advierten que la adhesión podría facilitar el ingreso de patentes extranjeras, afectar la producción de medicamentos genéricos y encarecer los costos para el sistema de salud. También sectores del agro expresaron preocupación por posibles impactos en el acceso a semillas y agroquímicos.
El debate en Diputados se anticipa intenso. Mientras el oficialismo busca reunir apoyos de bloques dialoguistas para cumplir con los plazos internacionales, la oposición y sectores productivos preparan objeciones. De aprobarse, Argentina se sumaría a los más de 150 países que integran el tratado, dando un paso hacia la integración de su sistema de patentes en el escenario global.
