Unos 60 trabajadores y sus familias atraviesan un escenario de incertidumbre en la Unidad Turística de Chapadmalal ante el avance de un proceso de privatización que podría derivar en despidos masivos. La preocupación crece frente a la falta de precisiones oficiales sobre el futuro de estos complejos, que históricamente funcionaron bajo la órbita del Estado nacional.
El conflicto se da en el marco de una política del gobierno de Javier Milei orientada a reducir la estructura estatal y avanzar con la venta o concesión de bienes públicos. En este caso, las unidades turísticas de Chapadmalal aparecen dentro de ese esquema de posibles transferencias al sector privado.
Los trabajadores denuncian que no recibieron información clara sobre su continuidad laboral y advierten que la privatización podría implicar la pérdida de sus puestos de trabajo. En paralelo, hay una preocupación por el impacto que esta medida tendría sobre el acceso al turismo para sectores populares, ya que estos complejos fueron concebidos como espacios de inclusión social. La incertidumbre no solo alcanza a los empleados directos, sino también a toda la economía local que depende del funcionamiento de las unidades turísticas.
