En una nueva muestra de su agenda negacionista y de confrontación, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, atacó duramente la declaración aprobada por el Senado en respaldo a la histórica consigna de «Memoria, Verdad y Justicia». Con un discurso que busca instalar la teoría de los dos demonios y relativizar el terrorismo de Estado, la jefa del bloque oficialista calificó de «sesgado» un pronunciamiento que contó con el respaldo de la gran mayoría del arco político.
Mientras el país se encamina a conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1976, el bloque libertario optó por la abstención (20 votos), dándole la espalda a una resolución que reafirma el compromiso con los juicios por delitos de lesa humanidad y el Nunca Más.
La estrategia oficialista fue clara: intentar vaciar de contenido el consenso democrático construido desde 1983. Bullrich pretendió imponer una redacción alternativa que eliminaba los conceptos de «Memoria, Verdad y Justicia», reemplazándolos por fórmulas abstractas que ocultan la responsabilidad específica del Estado en la última dictadura militar.
Fiel al estilo confrontativo del Gobierno Nacional, la senadora utilizó sus redes sociales para lanzar descalificaciones, afirmando que los Derechos Humanos fueron un «negocio político». Con frases como «se terminó el monopolio de la memoria», el oficialismo no solo ataca a las organizaciones de DD.HH., sino que intenta imponer un relato revisionista que equipara la violencia política con el plan sistemático de exterminio ejecutado por las Juntas Militares.
La Libertad Avanza fue el único bloque que se desmarcó del consenso general, evidenciando su aislamiento en materia de políticas de Estado. El oficialismo intentó, sin éxito, diluir la condena al terrorismo de Estado bajo el paraguas de «condenar cualquier tipo de violencia».
La postura de Bullrich en el Senado no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática del Ejecutivo para desmantelar los avances logrados en materia de Verdad y Justicia. Al objetar una declaración que simplemente ratifica el Estado de Derecho, el oficialismo deja en claro que su prioridad no es la unidad nacional, sino la provocación y el quiebre de los acuerdos básicos que sostienen nuestra democracia desde hace más de cuatro décadas.
