En una decisión que expone fisuras sensibles en la política de seguridad interior, el Gobierno nacional dispuso retirar la custodia de la Policía Federal en decenas de instituciones vinculadas a la comunidad judía, lo que abrió un conflicto directo con la DAIA, principal entidad representativa del sector.
La medida, impulsada por la funcionaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, implicó el levantamiento de la protección en alrededor de 60 establecimientos que hasta ahora contaban con vigilancia permanente. La decisión no solo sorprendió por su alcance, sino también por el contexto internacional, marcado por tensiones crecientes que en los últimos meses habían derivado, precisamente, en el refuerzo de la seguridad en objetivos considerados sensibles.
Desde la DAIA reaccionaron con dureza. La entidad, cuya misión histórica incluye la defensa de la comunidad frente a actos de antisemitismo y la preservación de la seguridad institucional en Argentina, interpretó la decisión como un retroceso en materia de prevención y una señal preocupante en un escenario global volátil.
En el corazón del conflicto subyace una discusión más profunda: el rediseño del esquema de seguridad estatal y el alcance de la protección sobre colectivos específicos. Mientras el Gobierno busca reorganizar recursos y redefinir prioridades, sectores de la comunidad judía advierten que la retirada de custodias no puede evaluarse únicamente bajo criterios administrativos, sino también políticos y simbólicos.
El episodio, lejos de ser un hecho aislado, revela la compleja tensión entre ajuste estatal y demandas de protección en una sociedad atravesada por memorias sensibles y amenazas latentes. En ese delicado equilibrio, cada decisión adquiere una dimensión que trasciende lo operativo y se instala, inevitablemente, en el terreno de la política.
